El Congreso de Justicia Penal de la Universidad de Huelva llega a su 18 edición en plenitud. Reconocido en toda España como uno de los eventos fundamentales de esta especialidad jurídica. Quizá por esa anecdótica mayoría de edad sobrevenida sea un buen momento para mirar a la actualidad y a uno de los temas que más preocupan a los españoles en la actualidad, entre el sufrimiento propio de la crisis económica. Es la corrupción una (casi) sección fija ya en los telediarios. El Derecho no la deja de lado, pero se nota la presión social para que se insista en abordar los factores que desencadenan el fenómeno, que lo es. Aunque se reste peso a su incidencia en España, por tratarlo como problema global.

No le falta razón al catedrático Juan Carlos Ferré, ideólogo, responsable y mantenedor de este foro a lo largo de los años, cuando se remonta a los testimonios de Aristóteles para buscar los orígenes. Aunque sabe que es el momento de abordarlo por ser tener "un poco convulsionada toda la opinión pública en España". "Es un fenómeno internacional, ocurre en todo el mundo y hemos traído expertos de otros países para que cuenten lo que ocurre allí".

Lo dice por los profesores Alexis Couto y José Sáez, brasileño y argentino, que hablaron ayer en la Facultad de Derecho de la Onubense en la charla Corrupción pública y privada en América Latina, moderada por Miguel Bustos, de la Universidad de La Rioja.

El matiz de los ámbitos introduce el enfoque especial de esta edición, celebrada conjuntamente con la Hispalense, dando forma al mismo tiempo al I Congreso Andaluz de Justicia Penal. Es el del mundo empresarial en la corrupción, más relevante de lo que trasciende a la opinión pública.

"La corrupción es cosa de dos", aclaraba Ferré ayer a los periodistas antes del comienzo. "No sólo es corrupta la autoridad política que recibe el dinero sino el empresario que la oferta. Y hay ahí unas relaciones que hay que analizar en todo su contexto. No es una cuestión individual de alguien que espontáneamente ha decidido enriquecerse a costa de otro, sino que es un entramado", destaca. "Y todo eso se debe analizar: los sujetos que intervienen, de qué forma lo hacen...".

Porque estas jornadas no son más que la aportación de los teóricos del derecho, los académicos, al tratamiento realizado en los juzgados, y también por los legisladores. "El campo teórico puede hacer un análisis crítico porque no está sometido a ningún tipo de presión. Los profesores universitarios pueden decir las cosas como son, con los criterios científicos para decir qué hay que hacer, qué tiene de bueno y de malo aplicar la ley".

Por eso, en esa misma línea, el catedrático de Penal de la Onubense, decano, además, de Derecho, sostuvo que "se están haciendo cosas; están cambiando muchas cosas". Destacó la Fiscalía Anticorrupción, "bastante seria", que trabaja "seriamente para neutralizar, investigar y sancionar los casos que aparecen. Lo que ocurre es que la Fiscalía, como la Administración de Justicia, tiene unos ritmos y son muy lentos para lo que se desea, para reconducir estos fenómenos. Pero se están haciendo cosas y los corruptos terminan respondiendo penalmente".

¿Faltan medios para incrementar esos ritmos de los que habla Ferré? Según el presidente de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Ferré, se piden medios realmente "para administrar justicia día a día". "Para nosotros, los delitos de corrupción son hechos delictivos, hechos ilícitos que deben ser objeto de enjuiciamiento como deben ser otros delitos. No es que tengamos unos medios especiales para la lucha contra la corrupción sino que esos medios se necesitan para la aplicación de la Justicia en general", dijo Pontón.

Las conclusiones que se extraigan de este congreso abrirán nuevas vías para el trabajo diario en los juzgados. El Colegio de Abogados de Huelva estará muy atento a ello, avanzó su decano, Juan José Domínguez.