La Policía Nacional de Huelva esclareció en 2017 un total de 61 casos que se encuadran en la conducta delictiva recogida en el Código Penal como "simulación de delito", todo ello gracias a la pericia y experiencia de los agentes que se dedican a la lucha contra este tipo de infracciones.

Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno, sólo en el mes de enero de este año los policías del Área de Investigación de Delitos Patrimoniales resolvieron seis denuncias falsas, mientras que otros nueve posibles casos están en proceso de investigación para su esclarecimiento.

El modus operandi que más se repite en estos casos de simulación de delito es fingir haber sufrido un robo con violencia o un tirón, cuando lo que realmente había ocurrido es que la denunciante lo había perdido o había sido víctima de un hurto al descuido. Los objetos que más extravían las personas implicadas, y en consecuencia generan este tipo de denuncias falsas, son teléfonos móviles de alta gama, bolsos y carteras.

Junto al robo con violencia, también sobresalen las denuncias falsas relacionadas con robos en domicilio, en establecimiento o la sustracción de vehículos, con un objetivo claro: cobrar la indemnización del seguro y esquivar las responsabilidades en materia de seguridad vial provocadas por un accidente.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que al interponer cualquier denuncia deben cumplir la obligación de decir la verdad, según recoge el artículo 433 de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asimismo advierte de la posible responsabilidad penal en la que se incurre en caso de acusar o imputar falsamente a una persona una infracción penal o con temerario desprecio hacia la verdad, según el artículo 456 del Código Penal, o simular ser responsable o víctima de una infracción penal según el artículo 457 del Código Penal, o faltara la verdad en su testimonio artículo 458 de Código Penal, siendo castigados con penas de hasta 12 meses de multa.

Además, desde la Comisaría de Huelva señalan que una falsa denuncia supone el empleo de recursos humanos y materiales para su investigación, medios que son distraídos de las funciones de prevención y represión del delito, misiones éstas encomendadas al Cuerpo Nacional de Policía, lo que genera un perjuicio a los ciudadanos y a la administración pública.