El 'Parlament' levanta el pie del acelerador

  • La propuesta de ley del referéndum que registraron Junts pel Sí y la CUP el 31 de julio brilla por su ausencia al reabrirse ahora el periodo de sesiones

El choque de trenes institucional entre el Estado y la Generalitat de Cataluña está servido aunque ayer sufrió una eventual ralentización al abrir el Parlament su nuevo periodo de sesiones sin poner la ley del referéndum sobre la mesa.

Y eso que la proposición de ley del referéndum está registrada por la mayoría independentista de la Cámara catalana (Junts pel Sí y la CUP) desde el pasado 31 de julio. Sin embargo, fue excluida del orden del día de la primera reunión de la Mesa del Parlament, tanto por la "complejidad" de la norma como, mayormente, por la "judicialización" de la política, según expuso la presidenta del Legislativo autonómico, Carme Forcadell, uno de los cinco querellados de su órgano rector.

La ley del referéndum podría llegar al pleno de la Cámara en vísperas de la Diada

En plena cuenta atrás hacia el 1 de octubre, la gran pregunta que ahora se impone es cuándo y cómo se dará curso a la ley del referéndum. Hay dos posibilidades.

Una. Que la Mesa del Parlament admita a trámite la proposición de ley en una próxima reunión -hay previstas reuniones los días 22 y 29 de agosto-, antes del primer pleno del Parlament, los días 6 y 7 de septiembre. Una opción que parece que ni pintada para los promotores de la desconexión del Estado español porque sería en vísperas de la Diada, con el componente emocional que comporta.

Dos. No se descarta que el Govern asuma la iniciativa, presentándola como proyecto de ley o, incluso, vía decreto, mecanismo este último con el que quedaría aprobada de forma inmediata.

Lo que sí aprobó ayer la Mesa del Parlament, por unanimidad, fue un protocolo que regula las normas de entrada en la Cámara de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando desempeñan funciones de policía judicial, entre ellas que no vayan armados y que lleven el rostro descubierto.

De acuerdo con el texto del protocolo aprobado, tras la entrada de agentes en el Parlament el pasado mes de julio por el caso del 3%, ahora deberán identificarse a su llegada ante los Mossos que vigilan la entrada y explicitar "el motivo de su presencia".

Acto seguido, los ujieres deberán contactar con el responsable de seguridad, quien tendrán que pedir la autorización o la orden judicial a los agentes y la fotocopiarán o fotografiarán para enviarla al secretario general o al letrado mayor del Parlament. Posteriormente, el secretario general informará a la presidenta para que "autorice la entrada al edificio" a los agentes que tengan orden judicial, lo que no podrán hacer si no disponen de la misma.

En el caso de disponer de la orden judicial, y para acceder al edificio del Parlamento catalán, los agentes deberán depositar sus armas en el armario correspondiente y tener el rostro al descubierto.

En rueda de prensa en el Parlament, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, criticó el apoyo de Ciudadanos y del PSC a este protocolo y les instó a rectificar su posicionamiento.

El que lo tiene muy claro es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no moverá ficha más allá de la vía judicial antes del día D, el 1 de octubre, aunque el PSOE no está dispuesto a quedarse también cruzado de brazos en busca de soluciones.

Así, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anunció ayer que, "frente al inmovilismo del PP" en el conflicto catalán, su partido dará a conocer el próximo día 28 las iniciativas que a partir de septiembre llevará al Congreso, basadas en su hoja de ruta, que es la Declaración de Barcelona.

Subrayó que la obligación de los socialistas, "como principal partido de la oposición, es aportar soluciones" y hacerlo "ahora, porque serán mucho más eficaces y eficientes que el día 2 de octubre". Lastra recordó cómo en la entrevista que mantuvo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con Rajoy le trasladó "todo el apoyo necesario" y que "solo le puso una condición: que dialogara constitucionalmente". "Un mes después -añadió- no solamente no ha hecho nada, sino que nos tememos que siga sin hacer nada".

En este sentido, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, criticó ayer la postura del Gobierno, "a remolque del calendario que le marcan los independentistas" y que lo deja "todo al albur de los tribunales".

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