La mayor parte de los partidos políticos proclamaron ayer que la apertura de juicio oral a la infanta Cristina demuestra que la ley es igual para todos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, expresó su respeto a la decisión del juez José Castro, al tiempo que se felicitó porque España cuenta con un sistema judicial que "funciona". "Tenemos un sistema judicial que funciona y creo que nos tenemos que felicitar de ello, más allá de lo que son los casos concretos", aseguró De Guindos en los pasillos del Congreso.

Desde el PP, su portavoz de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, defendió la presunción de inocencia, "ya sea del cantante Joaquín Sabina, con una supuesta deuda de 4 millones con Hacienda, o la infanta Cristina", y expresó su absoluto respeto por la decisión del juez. No obstante, recordó que el juez Castro ya ha instruido otros casos en los que se han dictado condenas que, más tarde, han sido rectificadas "a la baja" por el Tribunal Supremo.

La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, dijo que saber que la infanta Cristina será juzgada "significa que la justicia es igual para todos" y que eso "puede dar tranquilidad a todos los españoles".

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Antonio Pradas, afirmó a su vez que la hermana menor del rey Felipe VI debería "plantearse" la posibilidad de "renunciar a sus derechos de sucesión", dada la "gravedad" que supone que vaya a ser juzgada como presunta cooperadora de delitos fiscales.

Álvaro Anchuelo (UPyD) calificó de "buena noticia" la resolución judicial al consagrar el principio de igualdad de todos los ciudadanos a pesar de las trabas que "a veces se quiere poner en el camino de la independencia del poder judicial".

Joan Coscubiela (Izquierda Plural) subrayó que por una vez "la independencia del poder judicial" se ha impuesto.

Pedro Azpiazu (PNV) reconocido su equivocación al pensar que el juez Castro "no iba a ser capaz" de sentar a la hermana del Rey en el banquillo.

Desde Amaiur, Rafael Larreina señaló que la Infanta es una ciudadana "como otra cualquiera" y, por tanto, si se tiene que sentar en el banquillo "que se siente y asuma sus responsabilidades como cualquier ciudadano".