PSOE e IU piden que las prestaciones se garanticen en los Presupuestos Generales

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, que quiso mostrar su apoyo a los pensionistas acudiendo ayer a la plaza de la Constitución donde tuvo lugar la concentración, abogó porque los Presupuestos Generales del Estado contemplen partidas para sostener las pensiones.

Maíllo indicó que "hay que combatir una hoja de ruta del Gobierno de privatización de las pensiones". Recalcó que "los fondos privados de pensiones, que son un auténtico fraude, se están frotando las manos como una nueva vía de negocio, con las medidas que está adoptando el PP".

El coordinador general de IU manifestó que "ese cuento que nos dicen de que las pensiones públicas sólo tienen que ser abordadas por las cotizaciones a la Seguridad Social tiene que ser superado y debe abordarse, con un compromiso político, con una aportación de los PGE", que incluya "la garantía de la subida de las pensiones, y no ese 0,25% indecente que ha hecho el Gobierno del Estado". Indicó que, en ese sentido, van todas sus iniciativas, las que presentaron en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados.

Maíllo animó a todos los ciudadanos a apoyar las movilizaciones de los pensionistas, "éste es un problema de todos, no de los que reciben ahora las pensiones, que reivindican una mejora de las mismas y están luchando por la sostenibilidad de las pensiones, es un problema de primera magnitud".

Por su parte, el grupo socialista en la Diputación Provincial de Huelva llevará al próximo pleno una moción en la que insta al Gobierno de España "a blindar" estas prestaciones en los Presupuestos Generales del Estado, garantizándose el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social durante 2018.

El vicepresidente de la institución provincial y portavoz del grupo socialista, José Fernández, subrayó que "las pensiones son un derecho constitucional y no pueden estar al albur de situaciones coyunturales o estructurales, sino garantizadas de por vida".

A través de esta iniciativa socialista se exige al Gobierno de España el incremento en un 1,6% de la cuantía de todas las pensiones públicas y que se eliminen los gastos que nada tienen que ver con la Seguridad Social. En este sentido se propone racionalizar los gastos de la Seguridad Social, traspasando a los Presupuestos Generales del Estado aquellas partidas que tienen carácter de gasto general y que no deberían ser satisfechas por la caja de las pensiones: "gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, e inversiones de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, y otros gastos como las tarifas planas o las reducciones de cuotas para incentivar la creación de empleo".

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