El domingo se cumplirán cinco años de la desaparición y muerte de la pequeña Mari Luz Cortés. Con su recuerdo todavía vivo en la memoria del pueblo onubense, que vivió con el corazón encogido los 54 días en que estuvo desaparecida y el fatal desenlace del caso, irrumpe ahora en los titulares otro estremecedor suceso, el de la bebé palmerina Miriam Cuerda. Con él reaparecen todos los fantasmas judiciales que permiten establecer un sobrecogedor paralelismo con el de la menor de El Torrejón: sus asesinos (presunto en el primer caso) tenían que estar entre rejas cuando les arrebataron la vida.

El asesino de Mari Luz, el pederasta Santiago del Valle, fue condenado en diciembre de 2005 por el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla a dos años y nueve meses de prisión por abusos sexuales a su propia hija, que entonces tenía cinco años. La Audiencia sevillana ratificó la pena. Pero nadie se hizo cargo de que la sentencia se ejecutara. Nunca llegó a pisar la cárcel.

El magistrado Rafael Tirado, instructor de la causa, fue expedientado por el Consejo General del Poder Judicial, que le impuso una multa de 1.500 euros por no encarcelar a Del Valle, considerando el hecho como una "falta muy grave de desatención". La secretaria del órgano, Juana Gálvez, fue suspendida de empleo y sueldo durante seis meses.

El juez esgrimió entonces en su defensa el excesivo volumen de trabajo de su juzgado, que tramitaba en el año 2006, cuando se incoó la ejecutoria 31/06 (relativa a la condena de Santiago del Valle), 600 causas ejecutorias.

Ahora conocemos que el presunto cómplice del asesinato de Miriam Cuerda, Raúl R.F., también debía estar en prisión desde 2011 por agredir y vejar a su ex pareja, una cría de 15 años. El dictamen de la Audiencia de Almería, ya firme, tampoco se hizo efectivo. Está por determinar si en este caso la sobrecarga de trabajo en el Penal 4 almeriense impidió efectivamente un control de la ejecutoria en la que se tramitaba el ingreso en prisión de este individuo, de 25 años.

Ateniéndonos a los datos más recientes publicados por el Consejo General del Poder Judicial sobre la actividad judicial en Almería, referentes al segundo trimestre de 2012, se evidencia un claro colapso de la Administración de Justicia: una provincia con un volumen de habitantes similar al de Huelva cerró junio con 51.247 sentencias por ejecutar, 5.730 más que doce meses antes. En territorio onubense fueron 28.489, casi la mitad. Son muchas también, no obstante. Tantas que el juez decano de Huelva, José Manuel Borrero, ha reiterado en varias ocasiones que "tendríamos que disponer de más funcionarios y de un servicio específico de ejecutorias" para dar salida a las causas y que se hiciera efectivo lo que ordena el juez.

Los juzgados de lo Penal de la provincia de Almería tenían pendientes de ejecutar 3.897 sentencias el mes de junio pasado, un 7,8% menos que un año antes. Pero su capacidad de resolución no superó las 1.651. Los datos hablan por sí solos.

El caso Mari Luz ha cambiado muchas cosas. A nivel policial, a nivel judicial y, pronto, a nivel legislativo. Pero está claro que es insuficiente. Y que la metamorfosis es demasiado lenta. Hasta ahora -casi cinco años después del asesinato de la cría de El Torrejón- la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía no ha finalizado la interconexión informática entre los 370 juzgados de la jurisdicción penal de nuestra región para "evitar" que tragedias como la del 13 de enero de 2008 "vuelvan a repetirse".

Pero la historia sí parece haberse repetido. Con el mismo drama, con la misma rabia y dolor. La pregunta del millón sobrevuela, asfixiante, el vacío que dejaron las dos pequeñas en su familia: ¿Se podrían, entonces, haber evitado sus respectivos asesinatos?