Intervenidas más de once toneladas de aletas de tiburón en un almacén

  • Las piezas cercenadas procedían de Lugo e iban a ser exportadas a China

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), junto a funcionarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía en Huelva, intervinieron un total de 11.400 kilogramos de aletas de tiburón, valorados en 136.800 euros, en el interior de una nave clandestina en la capital onubense, procedentes del Puerto de Celeiro, ubicado en la provincia de Lugo y destinadas a ser exportadas en contenedores hacia el puerto chino de Hong Kong.

Según la Subdelegación del Gobierno, la nave en la que se encontraban las piezas es propiedad de una empresa que las desecaba y preparaba para la exportación, careciendo de licencia de actividades, de registro sanitario, de calificación ambiental y de autorización sanitaria para realizar actividades relacionadas con la manipulación de productos para el consumo humano.

A esta empresa se llegó a través de un proceso de investigación que tenían en marcha los agentes de la Guardia Civil, quienes poseían información relativa a la existencia de un lugar donde, sin ningún tipo de documentación que amparase esta actividad, se venía realizando clandestinamente.

Una vez comprobada la veracidad de la información, junto a dos inspectores de pesca y de tres inspectores veterinarios del distrito Huelva Costa del SAS, los guardias civiles del Seprona procedieron a la entrada donde inmovilizaron las piezas, las cuales se encontraban en distintos estadios del proceso de secado.

Dichas aletas corresponden a diferentes especies de escualos, sin que en principio ninguna de las mismas se ajuste a alguna de las que están protegidas. Por estos hechos, se ha levantado la correspondiente acta, disponiéndose el cierre cautelar de la actividad y la inmovilización de la mercancía que, valorada en 136.800 euros, ha quedado a disposición de la Delegación de Sanidad.

Se han iniciado investigaciones tendentes a la comprobación de la legalidad de las capturas, siendo las autoridades ministeriales quienes determinaran la el origen de los caladeros, así como si las fórmulas de capturas de los tiburones se corresponden con las establecidas en la legislación comunitaria.

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