Innovación tramita 500 peticiones de huertos solares

  • La potencia instalada en la provincia se acerca a los diez megavatios, concentrándose en la zona del Condado

La energía solar fotovoltaica se va abriendo paso en Huelva. La generación de electricidad mediante este tipo de tecnología se está expandiendo en la provincia, alcanzando ya una potencia fotovoltaica instalada cercana a los 10 megavatios, concentrada fundamentalmente en la zona del Condado. Una cifra que además se prevé que crezca en los próximos años, puesto que según los datos de la Delegación Provincial de Innovación en la actualidad se tramitan más de 500 expedientes para alcanzar un total de 50 megavatios, si bien no todos los expedientes acabarán resolviéndose de manera favorable.

Estas instalaciones inyectan toda la energía que producen directamente a la red eléctrica, colaborando de este modo en la generación de energía limpia y aprovechando a su vez los recursos autóctonos del lugar. La provincia también dispone de 398 KW de instalaciones fotovoltaicas aisladas, que dan suministro a viviendas de difícil acceso para las líneas eléctricas convencionales y a pequeños sistemas de bombeo de agua.

La delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en funciones, María José Rodríguez, destacó ayer en este sentido que el decreto regulador de la instalación de infraestructuras de energía solar fotovoltaica aprobado recientemente por la Junta de Andalucía permitirá a la provincia de Huelva avanzar de manera ordenada en el desarrollo de todo su potencial de generación eléctrica a partir de esta fuente.

La norma simplifica los trámites administrativos requeridos para la puesta en marcha de estas instalaciones, unificando y agilizando los procedimientos administrativos aplicables tanto a las instalaciones aisladas como a las conectadas a red. Con ello se acortarán los plazos de ejecución de las instalaciones.

Del mismo modo, el decreto simplifica la presentación de documentación por parte de las empresas y establece plazos concretos de respuesta, tanto por parte de las administraciones implicadas como de las empresas eléctricas. En materia urbanística, la norma instituye la obligación de que las nuevas infraestructuras cuenten con un informe de compatibilidad otorgado por el Ayuntamiento del término municipal en el que se sitúen, así como de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La Delegación Provincial se ocupará de todos los trámites de puesta en servicio o inscripción definitiva de las instalaciones. Sólo en el caso de que ocupen terrenos interprovinciales la competencia será de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios