Lidiar con un desahucio para una familia que se encuentra al borde del abismo es misión imposible. Muchas de ellas se ven abocadas a quedarse en la calle, sin un techo bajo el que cobijarse, y no les queda otra salida que recurrir a las ONG y a las administraciones públicas para solventar la lamentable coyuntura.
El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva y miembro de la PAH Javier Arellano recuerda que cerca del 40% de los onubenses está en riesgo de pobreza y critica duramente a todo aquel que apunta a la posibilidad de la existencia de "brotes verdes en esta provincia, porque no se corresponde con la realidad". Basta, dice, con acercarse por economatos como el de Resurgir o por el Banco de Alimentos para constatar que "muchos de nuestros ciudadanos se ven sin los recursos básicos esenciales". Y las ONG están desbordadas.
Lo mismo ocurre con los ayuntamientos, a los que acuden en busca de una alternativa habitacional. En el de la capital, sin ir más lejos, el Registro de Demandantes de Viviendas Sociales tiene en la actualidad a 735 personas inscritas. Arellano agrega que las suspensiones transitorias de las ejecuciones hipotecarias, por ejemplo, son a todas luces "insuficientes, porque los requisitos son muy estrictos y hay mucha gente pobre que no los cumple".
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