Dos imputados por fraude a la cooperación no han sido localizados

  • El juez dicta una requisitoria y anula la orden de busca y captura que estaba preparada

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado una requisitoria para localizar a dos de los diecinueve imputados en la investigación de una supuesta malversación de ayudas públicas a la cooperación, que todavía no han comparecido ante la instructora.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la instructora mantiene bajo secreto de sumario la investigación sobre la posible desviación de fondos destinados por la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el actual portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco.

De las 19 personas imputadas en la causa, diecisiete ya han prestado declaración, quince han sido puestas a disposición judicial tras ser detenidas, y otras dos no han comparecido todavía ante la juez porque no han podido ser localizadas. Sin embargo, el TSJ valenciano aclara que no se ha dictado ninguna orden de búsqueda y captura -que se llegó a firmar pero la juez dejó sin efecto "inmediatamente"-, sino una requisitoria ordinaria de localización.

De los diecinueve imputados, uno está en prisión (provisional, comunicada y sin fianza -el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni-; catorce están en libertad provisional con obligación de comparecencia periódica, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país; dos están en libertad sin medida cautelar alguna, y dos más, pendientes de ser localizados.

Cuatro de los imputados -entre los que se encuentran el ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y el ex subsecretario de Sanidad Alexandre Catalá- eran funcionarios o altos cargos públicos en el momento de su detención o declaración ante la juez.

Los detenidos forman parte de una operación policial practicada la pasada semana en Valencia por orden del juzgado, que investiga este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de Compromís, que reveló un supuesto trato de favor de la Consejería de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado una trama para desviar fondos públicos.

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