El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes confiar "absolutamente" en la "responsabilidad" de los líderes del PSOE y el PSC para buscar, tras las elecciones catalanas del 21-D, una mayoría constitucionalista como alternativa a un Gobierno independentista porque "ya lo han hecho" con el 155.

Catalá ha enmarcado las declaraciones del candidato del PSC, Miquel Iceta, contrarias a un pacto con el PP y C's en la campaña electoral, en la que "hay que singularizar" el programa político de cada partido y es "lógico" marcar diferencias para "atraer el voto" pero "cosa distinta es al día siguiente".

"Estoy seguro de que en la noche del 21-D comenzarán los contactos para formar gobierno" por parte de las fuerzas constitucionalistas, ha asegurado, y ha insistido en que en el actual escenario político "fragmentado" tanto en Cataluña como en España "la búsqueda de acuerdos es consustancial".

Catalá desea que las autonómicas del 21-D, convocadas por el Estado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, supongan un "punto de inflexión" y ha confiado en que "las fuerzas constitucionalistas hagan un ejercicio de responsabilidad para constituir una mayoría en el Parlamento".

Sobre la posibilidad de que el proceso electoral influya en las decisiones judiciales que debe adoptar el Tribunal Supremo respecto a la situación procesal de los miembros del Govern cesados y los líderes de ANC y Omnium Cultural, Catalá ha defendido: "no deberíamos en absoluto pensar que la justicia se va a poner al servicio de la campaña electoral" y que las decisiones del juez van a buscar "que haya menos ruido" sino que su actuación se regirá por los fundamentos del Derecho.

En este sentido, ha señalado que aunque está seguro de que las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están "fundamentadas", al asumir varias causas el Supremo y tras la petición de algunos de los investigados en prisión preventiva de declarar ante él "puede adoptar medidas distintas o quizás no" en función de si han cambiado las circunstancias.

Preguntado por el informe de la Guardia Civil que apunta a la diputada de ERC Marta Rovira como cooperadora en la organización del referéndum del 1 de octubre se ha limitado a señalar que si parece acreditarse que ha podido cometer un delito "se presentará una querella y un juez independiente" analizará los hechos.

Ha insistido en que ninguno de los encarcelados o el expresidente Carles Puigdemont "huido de manera vergonzante" son presos políticos sino que están siendo investigados por presuntos delitos "muy graves" y castigados con penas de cárcel en el Código Penal español.

Ha criticado que algunos quieran utilizar el hecho de que el 21-D concurran como candidatos políticos encarcelados, como el líder de ERC Oriol Junqueras, o "huidos" de la justicia, como el propio Puigdemont, para "victimizar" su situación que precisamente por "anómala" demuestra el funcionamiento del Estado democrático.