Economía

BBVA se adjudica la mayor parte de la gestión de las cuentas de la Junta

  • Hacienda otorga a cinco entidades sus pagos y facturas y reduce de 400 a 10 el número de cuentas

  • El banco azul tramitará 14.825 millones y el siguiente en volumen, Caixabank, 5.200

Bbva, Caixabank, Santander, Abanca y Banco Mare Nostrum (BMN) serán a partir de ahora las entidades financieras que gestionarán las cuentas bancarias de la Junta de Andalucía, según se ha anunciado en el perfil del contratante la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Gracias a la adjudicación de un contrato privado, estas entidades serán pues las responsables de la gran mayoría de los pagos y facturas de los alrededor de 31.000 millones de euros de Presupuesto de la Administración autonómica.

Esta operación permite a la Junta de Andalucía reducir de 600 a 10 sus cuentas bancarias, lo cual tendrá el efecto inmediato de un mayor control y centralización por parte de la Consejería de Hacienda de los pagos que se realicen. La adjudicación se ha dividido en seis lotes, y BBVA ha sido la entidad que se ha lleva el mayor trozo del pastel, no sólo porque gestionará dos de los seis lotes que se han sacado a licitación, sino porque en volumen supera al resto de los bancos adjudicatarios sumados. Así, gestionará en total 14.825 millones de euros, el 51% del total, correspondientes entre otras cosas a las nóminas de sanidad y educación y a una gran parte de la deuda comercial de la Junta.

Por su parte Caixabank se hace con la gestión del resto de nóminas de la Administración y las agencias asociadas, además de universidades, por un volumen de 5.200 millones; Santander tramitará el pago a las corporaciones locales, por 3.600 millones; Abanca, los pagos al Tesoro Público, por 2.300 millones, y Banco Mare Nostrum (BMN) un porcentaje de pagos no asignados, por 1.500 millones.

De la adjudicación según lotes queda excluida la gestión de la deuda pública -que se distribuirá entre estos bancos sin una atribución expresa- y los pagos agrícolas procedentes de fondos europeos, vinculados a un proceso de licitación que se lleva a cabo de forma independiente.

En el pliego de condiciones de la licitación se especificaba que las entidades no podían ser adjudicatarias de más de dos lotes, por lo que la horquilla se restringía a un máximo de seis (equivalentes a los lotes) y un mínimo de tres. Finalmente han terminado siendo cinco.

Según indican fuentes de la Consejería, con esta adjudicación, la Junta de Andalucía va a lograr un beneficio de cinco millones de euros, que será la diferencia entre las remuneraciones que reciba la Administración de los bancos -cuyo rendimiento mejora- por mantener allí el saldo vivo y el interés que tenga que pagar la Junta por las pólizas a corto, créditos a un año máximo y "con un interés muy bajo" que no computan como deuda y que cumplen la función de mantener el remanente de tesorería. El importe máximo para estas pólizas que figura en la licitación es de 1.100 millones de euros, aunque desde Hacienda se precisa que eso es un tope y no tiene por qué emplearse en su totalidad. "De hecho, este año no se ha llegado ni a los mil millones de euros", señalan desde la Consejería. La Junta logra con este contrato, también, que las entidades no cobren ninguna comisión por gestión o administración de las cuentas.

Además de un mayor control sobre sus cuentas -al ser menos y estar más centralizadas-, el hecho de que la Junta organice de manera más simplificada los pagos va a permitir colgar en breve en el portal de transparencia los pagos y saldos de la comunidad (siempre con la limitación de la protección de datos), algo que se actualizará cada tres meses, tal y como anunció la consejera, María Jesús Montero. La profusión de entidades y cuentas bancarias con las que la Junta se organizaba hasta ahora dificultaba mucho esta promesa.

Según figura en la licitación, el contrato con cada una de las entidades adjudicatarias será por dos años, con posibilidad de prórroga por otro dos años más. La adjudicación también está condicionada a cláusulas sociales relativas a trabajadores con discapacidad, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental.

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