La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado volvió a escenificar su poder de movilización el miércoles cuando frente al Parlamento Andaluz miles de agricultores y jornaleros reivindicaron el mantenimiento de las hectáreas recogidas en el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana. Su presidente, Cristóbal Picón, asegura que la comarca se juega su ser o no ser en el mantenimiento de las actuales hectáreas de riego, puesto que los recursos hídricos del Parque Nacional y de la agricultura están garantizados con  los distintos trasvases.  

–Cuentan con el respaldo social, empresarial, político y de las fuerzas sindicales y, aun así, tras tres décadas el regadío es la ecuación que continúa sin resolverse en Doñana. 

–Ha faltado un equipo de trabajo en el que estuvieran integradas las administraciones, ecologistas, patronales, ayuntamientos y agricultores; que trabajasen en equilibrar las necesidades hídricas del Parque Nacional y la agricultura. Durante treinta años no se realizó un plan de las zonas regables que diese seguridad a los cultivos y nos permitiese contar con garantías en cualquier escenario climatológico. Todos estos antecedentes los ha venido sufriendo el sector y, ahora que se determinan como regable 9.340 hectáreas, la Junta de Andalucía, con una serie de engaños, quiere mermar la superficie en base a una Ley Forestal que supuestamente no se tuvo en consideración a la hora de dar la cifra.   

–Sin embargo, las infraestructuras y las concesiones de riego sí son una realidad.

–Lo que contamos es con la posibilidad de usar la transferencia de 4,9 hectómetros cúbicos de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir. Cuando se desarrolló la Declaración de Impacto Ambiental se habló de 814 hectáreas y, finalmente, se han reducido a 728 una vez aplicada la Ley Forestal del 92. Esta transferencia va a permitir cerrar 400 pozos, si bien el agua  beneficiará sólo a un 20% de la superficie de Moguer, Lucena y Bonares. Para el resto es importante la constitución de la comunidad de regantes de agua subterránea Condado de Huelva, que engloba a centenares de agricultores que cultivan 2.700 hectáreas. 

–A pesar de todo, la Junta no descarta que la zona regable sea superior a las 9.338 aprobadas en el plan y critica las “mal llamadas alegaciones”.

–De momento no son las noticias que tenemos si se aplica la Ley Forestal. Cuando el 30 de diciembre de 2014 se aprueba el Plan se dice que existen 9.340 hectáreas y se presentan en torno a ellas 300 alegaciones para las 1.700 hectáreas restantes que quedan fueran de la regulación. El 90% de esta superficie es tradicionalmente agrícola y tenemos pruebas desde el año 56. Lo que no es natural es que una misma parcela sea de regadío en una de sus partes y en la otra no. 

–¿Entonces su propuesta es cambiar el Potad o la Ley forestal del 1992?

–No se trata de cambiar la ley, pero si modificar ciertos puntos que chocan con actuaciones que ha ejecutado la propia Junta. No en vano, en zonas como el Plan Almonte Marismas y en Avitorejo, en Moguer, fue la propia administración quien construyó los pozos, cedió a los agricultores las fincas de cultivos y, a pesar de ello, décadas más tarde sus beneficiarios fueron sancionados por la propia administración en base a las leyes que redactaron a posteriori. 

–¿Qué número de hectáreas lograría el equilibrio entre las necesidades del sector agrícola y las del acuífero?

–El último estudio del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) no se ha dado a conocer, si bien el estado del acuífero oscila en función del año hidrológico. En cualquier caso, su futuro está garantizado puesto que con el cierre de 400 pozos y la compra de la finca Los Mimbrales, del subsuelo dejarán de extraerse cerca 6,8 hectómetros cúbicos anuales (3,9 de la trasferencia, pues uno se destinará de consumo humano; y 2,8 hm3  de los 6,8 de derechos de agua de los Mimbrales). Conjuntamente, con el segundo trasvase de 14,9 hectómetros, se acabaría con el problema del agua en la comarca. Todo ello sin olvidar que estamos innovando en sistemas de humedad y riego que podrían ahorrar bastante agua. 

–¿Teme que las tensiones por el agua generen un divorcio entre el Parque Nacional y su población?

–El tema del agua tiene solución pero falta voluntad política. Huelva tiene embalsados 900 hectómetros cúbicos y a escasos diez kilómetros del Condado se pretende poner en riego 22.000 hectáreas de regadío que cuentan con todos los parabienes de las administraciones, algo que aplaudimos. Agua existe y, por tanto, solución para las 11.000 hectáreas del Condado. Tenemos que ser medioambientalmente sostenibles en un territorio que es nuestro símbolo, pero desde  que 1969 cuando que se creó por decreto el Parque Nacional de Doñana, su expansión no se ha frenado, primero con el Parque Natural y luego incrementando su zona de influencia. Nosotros, los municipios (Lucena, Almonte, Rociana, Bonares y Moguer) hemos renunciado a frenar las zonas de riego y nuestra riqueza, lo que conllevará el empobrecimiento de nuestros municipios al negarnos la posibilidad de crecer. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que nos quiten hectáreas agrícolas que, en más del 90% de los casos, han sido zonas de regadíos. 

–Las empresas agrupadas en la plataforma Iniciativa para una Agricultura Sostenible (SAI) han pedido la aplicación del plan. ¿Temen consecuencias comerciales?

–En ningún caso nos oponemos al plan. Fuimos los primeros que reclamamos esta regulación del suelo agrícola. Nuestra pretensión es que se respeten los compromisos adquiridos y se mantengan las 9.340 hectáreas, no que mediante la letra pequeña se  elimine parte de esa superficie. 

–Aun así existen agricultores que han comenzado a cultivar hace escasos años. ¿No cree que su papel perjudica a vuestras reivindicaciones?

–Tenemos que diferenciar entre el agricultor de berries que tiene su pozo y cultiva en una superficie de secano y otro que ha ocupado una masa forestal. El Potad debería de haber realizado una ordenación real del territorio y no una discriminación a la carta. Se ha hecho al libre albedrío de tal modo que una misma finca dispone de iguales condiciones y características pero una es regable y otra no. Nos hemos topado con personas que por no sembrar un año han perdido el derecho de décadas anteriores. El Potad se hizo a espaldas del sector y, aunque tenía la intención de unificar la zona agrícola, finalmente no se llevó a cabo por falta de financiación. El plan que le sucedió solo utilizó una foto fija pero no ordenó. 

–¿Ve a los alcaldes tan reivindicativos ahora que las exigencias tienen como destino la administración andaluza? 

–Sabemos que tenemos el apoyo de los cinco alcaldes de las localidades  onubenses de Moguer, Almonte, Rociana, Lucena del Puerto y Bonares. Más allá de la administración que esté detrás, lo importante es que respaldan nuestros planteamientos en la actualidad. 

–¿Teme que el trasvase de 14,9 hectómetros se dilate por la inestabilidad política y la falta de la constitución del gobierno de España?

–Por supuesto que sí. El tema se encontraba encauzado con el gobierno anterior y tememos que pueda demorarse por los cambios administrativos actuales. En cualquier caso, sabemos que los principales partidos de la provincia de Huelva avalan el trasvase y se lo reivindicarán al próximo presidente del Gobierno que sea investido. 

–Los ecologistas entienden que, sin su papel, las hectáreas de riego en el Condado sería el doble y el acuífero estaría desecado como el Parque Nacional las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.

–En ningún caso se hubiera desbocado la agricultura. El papel de las organizaciones conservacionistas ha sido primordial en la preservación de Doñana, aunque no se entiende su oposición a una transferencia que garantizaba el agua para la Reserva de la Biosfera. No creo que sea aconsejable lanzar planteamientos radicales a la hora de buscar soluciones ni quitar una actividad económica de la que vive toda una comarca. A lo largo de la historia los cultivos de primor en la zona han demostrado que son sostenibles.