El titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Huelva (también decano de la judicatura onubense), José Manuel Borrero, ha condenado solidariamente al Ayuntamiento de Almonte y a la empresa pública Avantur SA (antes Inin El Tomillar) a urbanizar y entregar libre de cargas dos manzanas de alta densidad del polígono industrial Camino Alto a la promotora del mismo, la empresa Parque Industrial y de Servicios Camino Alto SL. Tendrá que hacerlo "en el plazo de un año" como máximo, especifica el magistrado en la resolución, a la que ha tenido acceso en primicia Huelva Información.

De no ser así, el Consistorio almonteño y Avantur tendrán que abonar a la mercantil denunciante el equivalente al valor de los casi 15.000 metros cuadrados de parcelas que se comprometieron a entregarle en concepto de dación en pago cuando le recompraron los terrenos, valorados en 1.474.719 euros.

A esto habrá que sumar la indemnización por "daños y perjuicios" ocasionados a la empresa privada. La propia Parque Industrial y de Servicios Camino Alto SL calcula en la denuncia que ha desencadenado la causa judicial que el Ayuntamiento y Avantur deberían resarcirla con 1.416.282 euros, resultantes estos de la suma de "869.680,41 euros en concepto de gastos de toda índole acreditados para la futura promoción de naves industriales", y de otros 546.601,62 euros "en concepto de lucro cesante". No obstante, el juez aplaza hasta la ejecución de la sentencia el montante definitivo de las compensaciones económicas.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento almonteño José Villa auguró ayer que "será complicado, prácticamente imposible, que en sólo un año puedan tener lista la urbanización del polígono", por lo que, a su juicio, la Administración local que preside José Antonio Domínguez (PP) tendrá que pagar a la promotora "cerca de tres millones de euros de todos los almonteños".

La demanda interpuesta tiene su origen en el incumplimiento de varios convenios de 2009, 2010 y 2011 suscritos por el Ayuntamiento e Inin El Tomillar (hoy Avantur) con la mercantil Gestora Andaluza de Diseño Inmobiliario SL, mediante los que el grupo empresarial, a través de su filial Parque Industrial y de Servicios Camino Alto SL, vendía a la empresa pública el 30% del terreno del polígono por 2.928.600 euros, montante correspondiente al precio de adquisición de los mismos. Además, el Ayuntamiento debía subrogarse (y así lo hizo) a un préstamo de 1.453.881 euros para sufragar la mitad de la operación de compraventa; la otra mitad fue entregada en especies a Gestora Andaluza de Diseño Inmobiliario SL, a razón de los 14.747 metros cuadrados correspondientes a las manzanas 3 y 14 del futuro polígono industrial, valorados en casi 1,5 millones de euros. Según los acuerdos, el Consistorio almonteño debía asumir también la urbanización de la totalidad de la superficie del parque industrial Camino Alto, con un coste estimado de 9,1 millones de euros.

Determina el juez que, a tenor de los datos obrantes en el expediente administrativo y en autos, "hemos de afirmar que por las entidades demandadas no se cumplió con las obligaciones establecidas en los convenios de colaboración firmados", indicando que ha quedado acreditado que "los terrenos objeto de la compraventa siguen sin urbanizar" y que el préstamo "se encuentra pendiente de pago de capital e intereses y va a ser objeto de demanda judicial" por parte del BBVA. Agrega el magistrado que en el acta de febrero de 2013 de Avantur "se recoge que, vista la situación económica actual, se acuerda no ejecutar las obras de urbanización de dicho polígono".

De los convenios rubricados, incide el titular del Contencioso 1 de Huelva, se desprende "una serie de obligaciones para las entidades demandadas, entre las que se encontraba el desarrollo urbanístico de la zona y la realización de las obras de urbanización del polígono industrial, por lo que no puede alegarse la falta de legitimación pasiva tanto del Ayuntamiento de Almonte como de la sociedad municipal".

Finalmente, deja claro que "ha resultado probado que no se cumplió por las partes demandada con las obligaciones establecidas", mientras que Parque Industrial y de Servicios Camino Alto SL sí hizo lo propio con las suyas: entregar la finca objeto de compraventa y "hacer todas aquellas gestiones y actividades relacionadas con la promoción" del parque industrial.

El dictamen no es firme, así que el Ayuntamiento de Almonte lo recurrirá, según confirmaron ayer fuentes municipales a este rotativo. A la apelación agregará la petición de que el procedimiento contencioso sea suspendido por prejudicialidad penal, esto es, por que la causa ha discurrido en paralelo a otra de índole penal que se sigue en un juzgado de Instrucción de La Palma del Condado, centrada en la denuncia del Ayuntamiento contra el promotor inmobiliario del polígono y los ex ediles socialistas Domingo Núñez y José Villa por la comisión supuesta de irregularidades en las maniobras de compraventa de los terrenos sobre los que debe asentarse el polígono Camino Alto.