La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) reclamó ayer al PP "coherencia" con la postura de su formación política. Le pidió a sus concejales y alcaldes que se pongan "al lado de sus vecinos en lugar de repetir una ristra de mentiras emanadas de quienes ven cómo se aleja la posibilidad de hacer un gran negocio con el servicio de aguas de la provincia de Huelva".

La entidad supramunicipal encabezaba así un comunicado en el que dejaba claro que la "principal mentira" de los ediles del PP (con una vicepresidencia en la MAS) ha sido advertir que los usuarios percibirán fuertes incrementos en su factura con la entrada en vigor de las nuevas tarifas. "La mancomunidad -prosigue el texto- ha sido muy clara desde el principio sobre este aspecto", dejando claro que los precios aprobados suponen un incremento tarifario equivalente al IPC de todo este año y que, además, se verá amortiguado mediante la bonificación establecida por cada ayuntamiento, con lo que, insiste MAS, "el incremento de la factura en este año 2013 será cero".

Las acusaciones llegan justo cuando se está a punto de cerrar "la mayor operación financiera que ha habido en nuestra provincia", a través de un crédito suscrito con tres fondos de inversión por los que podrá inyectar 85 millones de euros y salir así del agujero financiero en el que se encuentra.

La MAS denuncia que en algunas poblaciones "se están dedicando a hacerle el trabajo sucio a unos intereses privados que ven desesperados cómo se frustran sus expectativas de negocio" y por ello solicitó a los concejales del PP "coherencia" y "verdad" para defender la llegada de esos 85 millones de euros. Según el organismo supramunicipal la operación de acoso y derribo contra el carácter público de Giahsa, que estos intereses particulares y sus comisionistas han llevado a cabo con la colaboración imprescindible de varios alcaldes y concejales durante los últimos cinco años, está a un paso de fracasar definitivamente. Por ello "resulta aún más penoso que personas que han sido elegidas para defender los intereses de los ciudadanos recurran a la mentira para intentar poner en solfa un proyecto tan importante para la economía de Huelva".

Este proyecto, que ha puesto de acuerdo a casi setenta ayuntamientos, a las direcciones de cuatro partidos políticos, a los casi quinientos trabajadores de Giahsa y a dos fondos de inversión de reputación internacional, sale adelante porque es "bueno para todos", ya que desde Giahsa, trabajando codo con codo con todas las partes y, en especial, con los alcaldes, se ha conseguido que el esfuerzo se distribuya de modo que no repercuta negativamente sobre el bolsillo de los ciudadanos".

Resulta "escandaloso" que en su afán por ensombrecer el éxito de esta operación, afirmó MAS, se pretenda incluso influir sobre funcionarios públicos sembrando "infundadas dudas sobre su legalidad, pues lógicamente un hito de esta envergadura cuenta con todos los informes favorables", tanto de algunos de los juristas más prestigiosos de España como de las administraciones con competencias en la materia, defiende la entidad.

"La falsedad y mala intención de estas críticas y acciones tiene posiblemente su más claro ejemplo en Gibraleón, cuyo equipo de Gobierno (formado por PP e IU), aprobó separarse de la mancomunidad argumentando la falta de capitalización de las concesiones demaniales justo el día antes de que la mancomunidad firmase precisamente esa capitalización".

Así irrumpía ayer la MAS, después que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, anunciara el día anterior (como adelantó Huelva Información) que iba a llevar a los tribunales la hipoteca de las redes de agua de la mancomunidad a través de la suscripción de un préstamo por valor de 85 millones de euros.

En este escenario salía al paso de las "mentiras malintencionadas con las que los concejales del ayuntamientos como Isla Cristina, Ayamonte, Gibraleón, Punta Umbría o Aracena están "intentando intoxicar a la opinión pública, al objeto de crear un clima hostil que dificulte la llegada de financiación", que será canalizada a través de Giahsa. Aunque no se cita explícitamente, la contundente nota carga las tintas contra el PP y acentúan la fractura que existe dentro del seno del partido entre el PP provincial y las direcciones locales, que entienden que sus líderes se han "vendido" únicamente por acceder a los 650.000 euros anuales que se reparte actualmente los cuatro grupos políticos (PSOE, PP, IU y PA) firmantes del pacto de estabilidad y por el cargo de vicepresidente y cargos satélites al mismo.

El portavoz socialista en Punta Umbría, Jesús Fernández, ahondaba en esta herida cuando señaló a Cansino como el artífice de romper la disciplina de partido e ir contra el pacto firmado por el presidente provincial del PP, Manuel Andrés.

En cualquier caso, dentro del propio partido el sector crítico le reprocha al alcalde de Lepe que mueva los hilos para que algunos alcaldes acepten la permanencia en MAS cuando él mismo no creyó en el proyecto y, en su condición de dirigente municipal, lideró la privatización del agua, que finalmente fue a parar a manos de Aqualia.

Jesús Fernández puso de relieve estas discrepancias de criterio para subrayar que no existen leyes diferentes para un municipio y otro, de ahí que cuestionase las razones en virtud de la cual la derecha de Aljaraque avala la operación que se ejecuta en Giahsa, sin cortapisas para que el alcalde, David Toscano (PP), pueda ejercer su derecho a voto a pesar de ser uno de los cuatro Vicepresidente de MAS, junto con Ezequiel Ruiz (PSOE), Francisco Viejo (PA) y Antonio Marín (IU), en la entidad que dirige Miguel Novoa (PSOE).

En cuanto a la subida de las tarifas, el edil puntaumbrieño defendió que "son equiparables a la de los pueblos del resto de la provincia".