El Ayuntamiento de Huelva busca una alternativa con la que suplir el servicio de vigilancia que en estos momentos realizan nueve personas empleadas dentro del Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación de la Junta de Andalucía que finaliza el próximo 29 de abril. La extinción del servicio que vienen prestando estas personas desde hace 90 días ha provocado la inquietud de vecinos y comerciantes, que temen que tras la marcha de los vigilantes invadan la zona grupos de gorrillas dispuestos a acabar a base de extorsión con la gratuidad de los dos grandes aparcamientos que alivian el colapso de la barriada de Isla Chica. Son los recintos de la calle Tariquejo y el antiguo estadio colombino, recientemente adecentados y que suman 600 plazas.

Para tratar de evitar la situación que temen, comerciantes y vecinos iniciaron hace algunas semanas una recogida de firmas -ya acumulan unas 2.000, según los trabajadores- con el fin de entregarlas en el Ayuntamiento y que éste prorrogue el contrato de las nueve personas que vigilan los aparcamientos, como explican, padres de familias numerosas y personas afectadas por discapacidades a las que la ampliación del servicio aliviaría la situación de vulnerabilidad que viven.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Huelva advierte que no está en su mano ampliar un contrato que depende de un programa muy concreto (el antes mencionado PACA) y que depende exclusivamente de la Junta de Andalucía, que es quien provee a las entidades locales de los fondos necesarios para el desarrollo de los programas.

No obstante, según aseguran desde el Consistorio, su intención es mantener la seguridad y la gratuidad de estos aparcamientos, por lo que la administración local continúa a la búsqueda de una alternativa y mientras tanto, se incrementará la vigilancia de la Policía Local para evitar la aparición de los gorrillas.

La oferta de la Asociación de Parados Onubenses (APO) de hacerse cargo de la vigilancia y de la contratación de las personas que hoy la desempeñan a cambio de 0,50 céntimos por coche no supondría una alternativa válida, toda vez que esto acabaría con la condición de servicio gratuito que el Ayuntamiento insiste en mantener.