SOS Bebés Robados Huelva, el colectivo que en la provincia representa a más de un centenar de víctimas de las presuntas desapariciones de recién nacidos en los hospitales onubenses, impulsa ahora una ambiciosa iniciativa con la que pretende que el Ministerio de Justicia reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide que los procedimientos penales en este tipo de asuntos prosperen en casación más allá de las audiencias provinciales. Para hacer efectivo este propósito, el colectivo onubense cuenta con el respaldo de la Federación Nacional X24, a la que está adscrito y que aglutina a la veintena de asociaciones de afectados por los robos de neonatos existentes en España.

El vicepresidente de la coordinadora, el letrado Enrique Vila, indicó a este diario que "desde X24 apoyamos por unanimidad la propuesta de SOS Bebés Robados Huelva, pues consideramos que es absolutamente necesaria una unidad de criterio para investigar todas las denuncias, independientemente de dónde se haya cometido el delito; cualquier otra postura es un agravio comparativo para las víctimas".

El colectivo mayoritario de víctimas en España por el robo de recién nacidos, adopciones irregulares y adoptados elevará esta reclamación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la reunión que las víctimas mantendrán con él el próximo martes 26 de febrero.

El apoyo de X24 es vital para que el asunto no quede en agua de borrajas. Se da la paradoja de que al recurrirse autos de archivo en los juzgados de Instrucción a la Audiencia de cada provincia, los resultados han sido dispares. Así, mientras que los magistrados de Huelva decidieron el pasado noviembre de forma unánime adoptar la posición doctrinal de aplicar la prescripción de estos delitos y, por ende, archivarlos de forma definitiva, los de la Audiencia de Madrid, en auto de diciembre de 2012, mantienen la vigencia del delito de detención ilegal.

El abogado de SOS Bebés Robados Huelva, José Luis Orta, indica que esto "nos conduce a una indefensión judicial y a una vulneración de los derechos de las personas resumido en una dolorosa frase: en función de donde hayas parido, así podrás investigar o no tu caso". Es decir, que ahora mismo la Justicia no es igual para todos "por un criterio de territorialidad".

Los procesos judiciales penales se rigen en España por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que data de 1882 y que, hasta ahora, no ha sido modificada "pese a que está obsoleta". Orta asegura que "no podemos ir contra su contenido, pero sí podemos intentar cambiarlo". Ya en 2011 el PSOE impulsó un anteproyecto de Ley para reformarla que no culminó. Ahora es el titular de la cartera de Justicia quien pretende llevarla a cabo en esta legislatura.

A día de hoy, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que los autos de archivo de los procesos en los órganos de Instrucción sólo pueden apelarse a la Audiencia de cada provincia, cada una de ellas con su propio criterio, lo que genera principios contradictorios como los referidos de Huelva y Madrid sobre el asunto de los robos de neonatos. "Nadie concibe que una madre afectada de una ciudad tenga menos derechos que otra por el simple hecho de la demarcación geográfica".

Solucionar este problema está sólo en manos del Tribunal Supremo (TS), órgano con capacidad para unificar criterios de doctrina, pero la Ley actual impide el acceso de los recursos en casación a esta instancia en el caso de los asuntos penales. Esto, por contra, no sucede en el orden laboral ni en algunos temas de menores, según Orta, donde los procedimientos pueden elevarse al Supremo para solicitar la unificación doctrinal si las distintas zonas geográficas del país emiten resoluciones diferentes a problemas idénticos. "El Supremo decide y quien tenía criterios distintos los asume y modifica".

El letrado onubense aclara que "no se trata de ir contra ninguna institución pues aceptamos, por mucho que nos duela, la independencia del poder judicial y de cada Audiencia, sino de que la Justicia iguale los derechos de todos los ciudadanos". De hecho, remarca que "si no hubieran habido autos contradictorios entre Huelva y Madrid, todo lo expuesto perdería sentido".

Existen dos maneras de modificar la Ley: la iniciativa legislativa popular (de los ciudadanos), que requiere previamente la recogida de 500.000 firmas para que sea atendida; y otra más directa, entrar en la ansiada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprovechando su pronta ejecución.

Por ello, tanto José Luis Orta como Esperanza Ornedo celebran el respaldo que ofrecen a esta iniciativa todos y cada uno de los miembros de X24, puesto que es imprescindible que "unamos nuestras fuerzas y se lo pidamos al ministro de Justicia con los argumentos expuestos para que se modifique tan sólo un apartado de un artículo de la Ley, apenas una frase, pero cuyas consecuencias para nuestra lucha serían infinitas". Ahí centrarán todos sus esfuerzos los asistentes a la reunión del próximo 26 de febrero.

Bastaría con que un solo caso llegara al Supremo para que el Alto Tribunal tuviera que pronunciarse sobre la inclusión o no del concepto de detención ilegal como tipo delictivo y el comienzo del cómputo de una posible prescripción (desde que el bebé afectado tomara conocimiento de los hechos), línea que también mantiene la Fiscalía General del Estado. Si la resolución del Tribunal Supremo fuera favorable, directamente todas las audiencias provinciales acatarían este criterio y cabría la posibilidad de la reapertura de los casos.

La llave para solicitar la reforma legislativa propuesta desde Huelva está en la diferencia de criterios entre audiencias y la unificación doctrinal en el Tribunal Supremo de otras ramas del derecho. El objetivo, alcanzar el recurso casacional. El propio Orta afirma que "existen garantías de la existencia de un terreno abonado y favorable a nuestra petición, siempre que algún asunto de bebés robados lograra procesalmente acceder al mismo".

Esperanza Ornedo subraya que "vamos a llamar a todas las puertas posibles, porque no ganamos nada con lamentarnos y quedarnos de brazos cruzados".