Las víctimas del ciberacosador no entienden que esté en la calle

Las víctimas del presunto ciberacosador de al menos 81 jóvenes, la mayoría de ellas menores de edad, y que hoy empieza a ser juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid, no entienden como está en la calle a pesar de que el fiscal pide para él 359 años de cárcel.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la vista la abogada de tres de las menores, Carmen Carcelén, que ha destacado que el acusado, Jorge M.C., de 27 años, ha estado en su domicilio esperando la fecha del juicio con acceso a ordenadores.

La letrada ha hecho "un llamamiento" para que este tipo de situaciones sean estudiadas y ha resaltado que "está demostrado" que el procesado, desde que fue detenido hasta que fue a declarar a una comisaría, "siguió cometiendo los mismos delitos".

A Jorge M.C. se le acusa de los delitos de elaboración y difusión de pornografía infantil, amenazas graves, vejaciones injustas, descubrimiento y revelación se secretos.

La letrada ha señalado que Jorge M.C. sabía que las chicas con las que contactaba a través de internet y a las que llegaba a pedir todas las noches, bajo amenazas, que le enviaran fotos de contenido sexual de ellas mismas "eran menores".

"En qué estado iban estas chicas al día siguiente al instituto?", se ha preguntado la abogada, que ha añadido que la investigación policial siguió la pista de al menos 250 denuncias.

El abogado de la defensa, Juan Carlos Higuera, ha mantenido la inocencia de su cliente y ha asegurado que durante el juicio demostrará que el material informático intervenido en la investigación no era de éste.

El escrito provisional del fiscal apunta a que el acusado, desde el ordenador de su casa en Chipiona (Cádiz), y entre 2007 y 2009, ocultaba su identidad y edad para entrar en contacto con sus víctimas a través de Messenger.

Tras charlar sobre temas diversos, utilizaba sus conocimientos informáticos para conseguir las contraseñas de las cuentas de las chicas y les hacía ver que podía controlar todos sus mensajes y fotos si no accedían a enviarle imágenes de ellas desnudas o en determinadas posturas.

Todo ello producía en las víctimas "una situación de angustia", destaca el fiscal, ya que comprobaban que de nada servía que no admitieran al acusado en sus cuentas personales de internet.

Las perjudicadas perdieron sus cuentas debido a que el procesado les cambió sus contraseñas de acceso y, por ello, no pudieron recuperar contactos, mensajes, fotografías, vídeos e incluso "apuntes de clase".

La primera denuncia contra Jorge M.C. la realizó en 2008 en Madrid una joven de 17 años, por lo que la Policía solicitó al Juzgado de Instrucción número 34 de la capital que pidiera datos a las compañías Microsoft, Telefónica y ONO.

El 20 de octubre de 2008 se averiguó que el domicilio desde el que se conectaba el titular de las cuentas con las que se amenazaba a las menores estaba en Chipiona, donde se intervino el equipo informático usado por el acusado.

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