Caso mari luz

El personal de los juzgados sevillanos niega toda responsabilidad en la libertad de Del Valle

  • Los Junta de Personal de Justicia de Sevilla asegura que no pueden tomar decisiones "de tipo jurisdiccional", aseguran que el juez Rafael Tirado "intena desviar" la suya y exige que se depuren culpas en el Ministerio de Justicia, la Junta de Andalucía y la Fiscalía.

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La Junta de Personal de Justicia de Sevilla ha negado cualquier responsabilidad de los funcionarios por la libertad que tenía el presunto asesino de Mari Luz Cortés y ha exigido que se depuren responsabilidades en el Ministerio de Justicia, Junta de Andalucía, Poder Judicial o Fiscalía.

En un comunicado remitido a Efe, la Junta de Personal niega cualquier responsabilidad de los funcionarios del juzgado penal 1, ya que a los funcionarios de Justicia "les está vedado tomar cualquier decisión de tipo jurisdiccional".

En cuanto a la polémica sobre si la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida, el comunicado afirma que "la Consejería de Justicia no suele cubrir las bajas al menos hasta que ha transcurrido más de un mes".

La Junta de Personal recuerda además que los órganos de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideraron, en noviembre pasado, que en este juzgado penal "solo existía un leve retraso".

Añade que la denuncia contra S.V.G., encarcelado ahora como presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se abrió en 1998 y que la sentencia definitiva de la Audiencia se incoó en enero de 2006.

"Más de siete años para tramitar una causa penal", dicen los representantes de los trabajadores, que consideran que "es evidente, por tanto, que el sistema judicial falla, no solo en el juzgado penal 1, sino en todos los órdenes, donde adolece de graves deficiencias" como la falta de medios y estar regido por "un sistema procesal anquilosado".

El comunicado "niega tajantemente" las manifestaciones del juez de lo penal 1, Rafael Tirado Márquez, que "intenta desviar la responsabilidad, haciéndola recaer en el personal del juzgado", y exige "que se investiguen las causas que han motivado los lamentables hechos, con depuración de las responsabilidades que pudieran corresponder al Ministerio de Justicia, Consejería de Justicia, Poder Judicial o Ministerio Fiscal"."

La Junta de Personal afirma que los funcionarios de lo penal "soportan una carga de trabajo muy por encima de los módulos" y dicen que los módulos de trabajo que fija el CGPJ "deberían incluir las ejecuciones de sentencia, que ahora no lo están".

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