La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado retirar del orden del día el acuerdo del Presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, por el que se determina el reparto de las nuevas plazas de la Audiencia Provincial.

A petición del propio presidente de la Audiencia de Sevilla, la Sala de Gobierno ha acordado posponer la aprobación de la composición de las Secciones penales para que “pueda valorar las consideraciones de los componentes de la Sección Séptima, no conocidas previamente a la remisión de su acuerdo”, ha precisado este martes el TSJA.

El acuerdo de la Sala de Gobierno señala que el presidente de la Audiencia de Sevilla, una vez valoradas dichas consideraciones, puede “formular, en su caso, nueva propuesta, máxime cuando no existe premura al respecto ante la fecha prevista para la publicación del concurso e incorporación de los nuevos magistrados”.

La Sala ha tomado conocimiento tanto del acuerdo-propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, en orden a determinar la composición de sus cuatro Secciones penales, como consecuencia del incremento de una plaza de magistrado para cada una de ellas, así como lo manifestado por los magistrados de la Sección Séptima, reacios a la incorporación de Alaya.

Y a la vista de ambas consideraciones y propuestas, y en uso de las atribuciones de la Sala de Gobierno previstas en los artículos 152.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 4.b) del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, en orden a establecer con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y de las Audiencias Provinciales del territorio, ha acordado posponer dicha aprobación. El artículo 152.1.2 de la ley orgánica del Poder Judicial, que atribuye a la Sala de Gobierno entre sus funciones la de establecer "con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las sala y secciones de las audiencias provinciales".

La Sección Séptima, que preside el magistrado Javier González, mostró la semana pasada su "profunda preocupación por la imagen" que la Administración de Justicia puede dar al haber adscrito a Alaya a la misma Sala que tiene encomendada la resolución de los recursos en una macrocausa "de tanta complejidad y relevancia, no sólo desde un punto de vista jurídico sino en especial por su repercusión política del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz". Ésta fue la razón oficial que ofrecieron los magistrados ante la decisión del presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, de incorporar a Alaya a este tribunal siguiendo el criterio objetivo de la antigüedad en la carrera y las peticiones de los magistrados, pero lo cierto es que el argumento parece algo endeble si se tiene en cuenta que la posible "contaminación" de un magistrado se resuelve con la abstención del mismo a la hora de deliberar y resolver los recursos.

Además, hay que tener en cuenta que con Alaya la Sección Séptima, al igual que las otras tres secciones Penales de la Audiencia, contarán con cinco magistrados cada una, lo que facilita la composición de la Sala sin necesidad de contar con la juez Alaya para resolver los recursos de los ERE. Lo mismo ocurriría si se hubiera destinado a Alaya a la Sección Primera, que también ha resuelto los recursos del caso Betis, otra de las causas que ha instruido Alaya.

Lo normal era que Alaya, a pesar de las críticas de los jueces de la Séptima -que también expusieron su "total respeto personal y profesional" por la instructora-, recalase en la Sección Séptima. Lo contrario, es decir, modificar el reparto realizado por Damián Álvarez supondría una desautorización al presidente de la Audiencia, quien ha empleado el criterio más objetivo posible para asignar las plazas: las preferencias de los magistrados en función de la antigüedad en el escalafón de la carrera.

No sería tampoco justo asignar a la juez Alaya a la Sección Tercera -la primera opción elegida por ésta- cuando hay otra magistrada con más antigüedad que ha solicitado el cambio a este tribunal.

La "oportunidad" que suponía para Alaya lograr una plaza en la Audiencia -al haberse creado cuatro plazas de golpe- parece que va a truncar su deseo de finalizar la instrucción de los ERE y de las otras macrocausas que instruye. Hay quien opina que la juez podría estar ya arrepintiéndose de haber solicitado la plaza.