Andalucía

Operación Limpieza

  • Juan Ignacio Zoido se deshace de la vieja guardia de Interior, después de verse comprometida en filtraciones, luchas internas y velados chantajes

Juan Ignacio Zoido.

Juan Ignacio Zoido. / EFE

El último año de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior se pareció bastante a un infierno azuzado por él mismo. Diagnosticado de un cáncer de hígado del que sólo informó a Mariano Rajoy, el ministro catalán tuvo que comprobar la traición, o venganza, de algunos de sus subordinados que filtraron las conversaciones que, habitualmente, se grababan en su despacho por blindaje, un cinturón de seguridad en el que acabó enredado. Guardianes del país, fieles servidores del Estado, mandos de la Policía formados en los frentes más duros de la lucha contra ETA durante cuarenta años habían terminado por encerrar al ministro en sus propias inseguridades, y entre ellos acabaron enzarzados en una guerra que trascendió los muros de Interior para filtrarse ante la opinión pública. Las rivalidades entre comisarios se zanjaban con munición informativa que prologaba futuros escándalos a todos los niveles. El comisario José Manuel Villarejo, un agente encubierto que es el paradigma del fontanero de las alcantarillas del Estado, había puesto en circulación, a través de periodistas amigos y otros canales más oscuros, una supuesta relación entre el Rey emérito y el caso de los Pujol, para libarse del banquillo por el caso Nicolás. Sí, las cañerías le reventaron a Fernández Díaz, de tal modo que cuando su amigo Mariano Rajoy decidió su relevo, le aconsejó a su sucesor lo siguiente: tómate tu tiempo y elige a tu propio equipo, de tu confianza. Que sean tuyos. De los que te fíes.

Mientras los nuevos ministros solventaban los nombramientos en apenas unos días -había prisas porque se perdió todo el año 2016 en elecciones-, Juan Ignacio Zoido tardó varias semanas en recomponer la cúpula de Interior en lo que ya se ha llamado la Operación Limpieza, un ajuste con el mandato de Fernández Díaz, aunque algunos de los comisarios y cargos destituidos, o desplazados, echan raíces con anteriores ministros, tanto del PP y como del PSOE.

Rajoy le dio tiempo y un consejo a Zoido: que toda la dirección fuese de su absoluta confianza

La clave de estas mudanzas ha sido la designación de un nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Florentino Villabona, el flamante DAO, una suerte de jefe ejecutivo del cuerpo, aceptó el cargo en una ceremonia en la que se comprometió a restaurar la confianza del poder judicial en los agentes. En su comparecencia ante el Congreso el martes pasado, el ministro ahondó en el mismo problema: el pasado debe ser historia, no hay más informes válidos que los que se entregan a los jueces y, por encima de todo, está el Estado de Derecho.

La guerra entre comisarios y el encargo de informes de los que nadie se responsabiliza había llegado a un límite insoportable. Algunos dirigentes del PP que estuvieron cerca de Fernández Díaz sostienen que esto le costó la enfermedad al ministro. Zoido fue la persona que Mariano Rajoy escogió para suceder a Javier Arenas cuando éste dimitió en 2012. Pero al entonces alcalde de Sevilla no le gustaba ir de líder por Andalucía. Quería estar en un Ayuntamiento que también perdió. Muy cercano a María Dolores de Cospedal, el presidente del Gobierno recurrió a él por confianza y, sobre todo, por su condición de juez.

Que la Policía, o una parte de ésta, haya perdido la confianza de algunos jueces es evidente. La semana pasada, un agente llevaba al juzgado del juez José de la Mata un pendrive cargado de documentos sobre los Pujol que había sido encontrado en un armario de modo casual. "Ni un pendrive más" perdido en los cajones, confesó Juan Ignacio Zoido en esa comisión del Congreso. Ni un pen más ni un informe menos, porque el ministro tampoco encuentra las conclusiones de algunas investigaciones que, supuestamente, habría realizado la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), una brigada pata negra que investigaba por su cuenta o por indicaciones políticas, incluso, casos ya sentenciados. Según el anterior DAO, Eugenio Pino, esta brigadilla realizó informes sobre los atentados del 11-M, la desaparición de Marta del Castillo, el caso Faisán, las fortunas de dirigentes de Convergencia en el extranjero y la financiación de Podemos de los regímenes de Irán y Venezuela. "Los he pedido y no me los dan", sorprendió Zoido ante el Congreso. El de Marta parece que no existe. Nunca se realizó aunque se informó de ello a los padres; del caso Faisán, un chivatazo a ETA que salpicaba a la cúpula de Interior, se hicieron dos copias pero se han borrado. Y lo del 11-M debió de ser una concesión a las teorías conspiranóicas. Este último se enviará a la Fiscalía en caso de que se encontrase, pero parece que no añade nada nuevo a la verdad judicial.

Pero volvamos a los primeros días del Zoido ministro. Cuando el ex alcalde toma posesión, hace caso al consejo que le ha dado Mariano Rajoy después de la primera reunión de ministros. Sólo personas de su confianza. Zoido es juez en excedencia, y al frente de la Dirección General a de la Guardia Civil pone a un compañero de profesión: José Manuel Holgado, magistrado de la Audiencia de Sevilla. Una persona que lleva toda su vida tratando con guardias civiles y con policías. Los problemas en la Guardia Civil no son tan graves como en la Policía Nacional. La Benemérita está jerarquizada de modo militar. Pero su poder y su eficacia son tremendos como han demostrado algunos de los casos más sonados de las alcantarillas de Interior desde la Transición.

Al frente de la Policía Nacional, Zoido nombra a Germán López Iglesias, extremeño, anterior delegado de Gobierno en esta comunidad. El ex alcalde de Sevilla también fue delegado, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. "Me andaré con pies de plomo", declaró López Iglesias cuando le nombraron. Entre el ministro y estos dos directores, hay un cargo intermedio, el secretario de Estado de Seguridad. Zoido elige para ello al ex alcalde de Córdoba José Antonio Nieto, un tipo sin experiencia en este campo, pero bastante sensato, muy prudente y de la cuerda política de Zoido y de María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa. Y, así, va componiendo el primer círculo de Interior. Su jefe de gabinete es Curro Pérez, que fue concejal suyo en Sevilla, y el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, tan de confianza como si fuese su hermano. Santiago Martínez Vares, su anterior jefe de Prensa en Sevilla, es el subjefe de gabinete. Lo mismo ocurre con el director general de Prisiones. Confianza. Todos se trasladan a Madrid sin familia. Viven encerrados en los edificios de la Castellana, a verlas venir, pero con la indicación del presidente. Los martes se reúnen en un consejo de dirección y casi todos los días hablan entre ellos. Del despacho de Nieto al de Zoido no hay más de cuatro minutos.

La Policía y la Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor funcionan en este país. Los años duros de la lucha contra el terrorismo de ETA y el epílogo yihadista con los atentados de Atocha han convertido a estos dos aparatos del Estado en un sinónimo de eficacia y de seguridad. Pero esa confianza, objetivamente argumentada, genera sus propias dinámicas en personas que terminan por creerse dueños, en cuanto a guardianes, de parcelas de la seguridad del Estado. Cada ministro del Interior solía heredar del antecesor a muchos de sus colaboradores. Jorge Fernández Díaz apenas hizo cambios y se cuenta que Ignacio Coisidó, el director general de la Policía, no era de su entera confianza. Procedía de otros ministros, como muchos de los más altos funcionarios del Ministerio. Esto, que puede ser una práctica conveniente, se convierte en un veneno cuando al ministro, tentado por el poder de la Policía, le da por dirigir investigaciones políticas desde su despacho con la confianza que da una confidencialidad que no es tal y que termina vapuleada el día en que sus conversaciones se filtran a los medios de comunicación. Ése es el grueso de una historia que tiene jugosos detalles.

La primera misión de los nombrados es buscar a Florentino Villabona como nuevo director adjunto operativo. El anterior, Eugenio Pino, pata negra, uno de los polemistas en las guerras internas entre comisarios, se ha jubilado. Cuesta convencer a Villabona. También está cerca de la jubilación y ya ha estado un tiempo fuera de Interior, en el Ayuntamiento de Málaga. Sabe que hay vida fuera de la Policía. Pero Villabona es un tipo respetado, sin vínculos con el pasado más allá de extenso historial y es convencido mediante apelaciones a su patriotismo. No está ligado con nadie, de tal modo que en sus primeras semanas hace dos cosas.

Uno, destituye de su puesto a Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, un policía con 42 años de profesión, con dos decenas de medallas, piedra angular de la lucha antiterrorista y miembro de la brigada antigolpe que desmontó la resaca del 23-F y de otras intentonas. Otro pata negra que estaba al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo, una sección esencial en las escuchas y otras virguerías tecnológicas, pero relacionada con el caso Faisán y la propia grabación en el despacho del ministro anterior.

Y dos, casi más complicado, Florentino Villabona disuelve la Brigada de Análisis y Revisión de Casos. Se trata de la brigada creada para reforzar investigaciones, pero que se ha convertido en un cajón de sastre con ciertas tonalidades políticas. Según el anterior jefe de la Policía, Ignacio Coisidó, estos agentes se iban a encargar de revisar 400 crímenes sin resolver, como la desaparición de Marta del Castillo, pero sirven para demasiados encargos: una revisión del 11-M, el Faisán, el dinero de los Pujol, el de Trías, las relaciones entre Pablo Iglesias y Venezuela... Fue a este grupo al que se le llamó la brigada patriótica por su implicación en la investigación de los casos de corrupción de Cataluña, una de las barreras con las que el Gobierno ha hecho frente a la deriva independentista. El caso de los Pujol puede acabar envuelto en una maraña de recursos contra unas pruebas donde va a ser difícil dirimir cuáles son legales y cuáles han sido obtenidas por métodos irregulares o, directamente, manipuladas.

La BRAC sólo reportaba la información al antecesor de Villabona. Orgánicamente, la BRAC dependía de Asuntos Internos, que también dirigía un comisario que ahora se ha jubilado, Marcelino Martín-Blas. Los dos tuvieron que declarar el jueves ante el juez José de la Mata.

Los colaboradores de Juan Ignacio Zoido saben que han pisado muchos callos de personas que saben mucho. Algunos viejos conocedores de las tripas de Interior sostienen que más temprano que tarde el nuevo ministro se tendrá que enfrentar con las consecuencias de algunos de los damnificados. De momento, lo que Zoido se ha construido es un núcleo blindado de leales, bien coordinados y con conciencia de que durante varios meses pisaran suelo mojado.

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