La Junta dio ayer por cumplido en términos numéricos el peliagudo encargo que le exigió la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, con el envío de 65.000 folios que se sumaron a los 55.631 remitidos por la Consejería de Empleo el jueves.

En total, más de 120.000 hojas facilitadas dentro del plazo de 48 horas que la juez exigió en un auto cuyo plazo expiraba ayer. Alaya criticó en ese escrito a la Junta por su "falta de colaboración", al haber facilitado una información "incompleta e insuficiente" sobre las posibles irregularidades investigadas en los expedientes de regulación de empleo, donde se han colado hasta 72 intrusos que han cobrado las pólizas sin haber trabajado nunca en las empresas afectadas.

Según informaron fuentes del Gobierno andaluz, el dispositivo creado ex profeso para satisfacer las demandas de la juez -liderado por el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, y en el que se han incorporado los viceconsejeros de Hacienda, de Economía y de Empleo- se estrenó con el envío de la documentación exigida. Entre esta información la juez mandataba conocer las cuentas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) de 2001 a 2004 y de su sustituta, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) de 2005 a 2009, auditorías externas, programas de actuación y presupuestos de explotación y capital. También una copia compulsada de las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 a la actualidad y de los consejos de dirección de las consejerías de Hacienda, Empleo, Economía y Presidencia en el mismo periodo.

Las mismas fuentes añadieron que se ha contestado a la juez con una explicación sobre por qué la Intervención General de Hacienda no emitió informes de actuación tras cuestionar en 2005, 2006 y 2007 el procedimiento elegido para otorgar las ayudas. Este organismo independiente, aunque adscrito a la entonces Consejería de Economía y Hacienda cuyo consejero era el hoy presidente de la Junta José Antonio Griñán, expuso en un informe que no consideraba "adecuado" el procedimiento y abogó por un sistema de subvenciones en detrimento de la transferencia de financiación, un método más lento, pero más seguro.

Ante la petición de la juez de que se le explique por qué no se elevaron informes de actuación ante las dudas de la Intervención General de Hacienda, la Junta ha contestado lo que viene repitiendo desde el primer día: este organismo no detectó irregularidades; era sólo una cuestión formal sobre qué procedimiento elegir para otorgar las ayudas. Empleo alegó a las dudas de la Intervención General y la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, hoy consejera de Hacienda y Administración Pública, no consideró que hubiera una señal de alarma que motivase un informe de actuación, según ha explicado.

En el seno de la Junta ha sorprendido que la juez pregunte sobre la ausencia de informes de actuación, cuestión que ha utilizado de munición el PP para cargar contra el entonces consejero y hoy presidente de la Junta. Griñán ha replicado que no conoció si había o no irregularidades, porque la Intervención tampoco las detectó. La Junta insiste en que se trataban de discrepancias con un procedimiento que, sin embargo, la Policía calificó en un informe como una "huida del derecho administrativo". Por este caso han sido imputados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de 1999 a 2008, Francisco Javier Guerrero, quien acuño el término "fondo de reptiles" para referirse al fondo de 647 millones que dispuso para estas ayudas en su mandato. Empleo rebajó a 9 millones el montante defraudado.

El presidente de la Junta fue quien anunció ayer en declaraciones a los periodistas en Loja que la juez ya tenía toda la información que había pedido e "incluso la que no ha pedido", en referencia a la investigación interna que abrió Empleo y que ha detectado 72 intrusos en 24 empresas. PP e IU volvieron a solicitar ayer el acceso a toda la documentación, incluidas las actas de los Consejo de Gobierno (480), que la oposición ha interpretado como una causa general contra el Gobierno andaluz.