La Junta defiende una financiación "multilateral" con un "peso determinante" de la población

  • Propondrá tener en cuenta a la población en edad escolar y a los menores de cuatro años en la financiación sanitaria

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La Junta de Andalucía defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto de un diálogo "multilateral", para lo que volverá a plantear la propuesta que ya remitió en abril de 2006 al Gobierno de la Nación y que, en línea con el nuevo Estatuto de Autonomía, establece que el "peso determinante" para valorar las necesidades de gasto de las comunidades "ha de estar en la población".

La propuesta andaluza, elaborada como "aportación" al debate con el Gobierno y el resto de comunidades "a partir de criterios que puedan ser ampliamente aceptados y con ánimo de generar un debate razonable y constructivo que fortalezca una línea de consenso", apuesta por tener en cuenta factores como la población en edad escolar y a los menores de cuatro años y el estado de salud de la población en la financiación sanitaria.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, apuesta por incorporar novedades al modelo de financiación para garantizar una atención suficiente a las competencias de las comunidades en materia de sanidad, para lo que propone que, además de criterios ya establecidos como la población protegida, se ponderen factores como "la población menor de cuatro años y el estado de salud de la población, que puede aproximarse a través de la mortalidad estandarizada por edad".

Según la Junta, dado que las comunidades deberán asumir "en una proporción fundamental" la gestión de los nuevos derechos y servicios sociales que reconoce la Ley de Dependencia, se deben establecer "nuevas normas homogéneas de necesidad, tomando en consideración no sólo la población mayor, sino también la población dependiente y la renta relativa de cada comunidad en la medida que se corresponda con el peso previsto para el copago en su financiación".

La Consejería andaluza de Economía y Hacienda defiende como principio general que el "peso determinante" para valorar las necesidades de gasto de las comunidades "ha de estar en la población" y señala que otros criterios que se ponderan en el modelo vigente, como la extensión superficial o la población envejecida, deben acompañarse de "otros elementos que condicionan ineludiblemente necesidades de gasto distintas en situaciones claramente objetivas".

Bloque específico según l apoblación en edad escolar

Para ello, propone en primer lugar "individualizar" un bloque de financiación dedicada a las competencias de educación, "cuyo gasto viene a suponer aproximadamente la mitad del incluido en las competencias comunes", cuya cuantía se calcule "de acuerdo con el peso que cada comunidad tenga en la población en edad escolar", que señala, "sin lugar a dudas", como "determinante básica del gasto en estas competencias". En su opinión, aplicando este criterio "se llegaría a proceder de forma simétrica en los dos servicios autonómicos esenciales, que son sanidad y educación".

Respecto a las competencias sanitarias, el departamento que dirige José Antonio Griñán apuesta por "mantener las variables de reparto asociadas a la población protegida, los especiales consumos que realizan las personas mayores e incluso la insularidad", pero también señala "otros factores que determinan muy directamente el gasto sanitario y deben tenerse en cuenta, como la población menor de cuatro años y el estado de salud de la población, que puede aproximarse a través de la mortalidad estandarizada por edad".

En relación a los servicios sociales, la Junta señala que "los nuevos derechos sociales que se reconocen a todos los ciudadanos en materia de dependencia, cuya gestión han de asumir en una proporción fundamental las comunidades, suponen un cambio muy importante sobre la situación precedente", por lo que defiende que "el bloque destinado al cálculo de las necesidades de financiación en servicios sociales deberá aumentar sus dotaciones totales y establecer nuevas normas homogéneas de necesidad, tomando en consideración no sólo la población mayor, sino también la población dependiente y la renta relativa de la comunidad autónoma, en la medida que se corresponda con el peso previsto para el copago en su financiación".

"Tanto el volumen total de recursos a distribuir como las variables de necesidad deberían actualizarse a ejercicios recientes para los que se cuente con datos definitivos, como ha solicitado en cada ocasión de un nuevo pacto la comunidad autónoma de Andalucía", recuerda el documento, que defiende que "en la masa homogénea de financiación deberían incluirse, en cualquier caso, los recursos derivados de la garantía de evolución de la sanidad al PIB".

50% del IRPF y tiops propios en impuestos especiales

Otro aspecto que la Junta ve necesario abordar en el nuevo modelo de financiación es el "diseño de mecanismos que permitan la iniciativa legislativa de las comunidades en los impuestos indirectos" sujetos a la armonización de la UE, "aunque tuviera que ejercerse de manera conjunta" para poder "hacer efectiva una auténtica corresponsabilidad fiscal compartida" entre Estado y comunidades autónomas.

La propuesta andaluza defiende la cesión del 50 por ciento del IRPF a las comunidades "manteniendo el Estado la competencia de configuración básica del impuesto", de forma que se logre "garantizar para todo el Estado una igual definición de la capacidad de pago" que permita "compaginar autonomía financiera del Estado y de las comunidades, reequilibrio a nivel nacional y redistribución en la escala autonómica".

El documento recogido por Europa Press demanda además una "participación equivalente" de las comunidades en los impuestos indirectos que gravan el conjunto del consumo --tanto el IVA como consumos específicos sometidos a impuestos especiales armonizados-- para que las haciendas autonómicas puedan "disponer de un sistema fiscal equilibrado".

FCI según población

Junto a ello, la Junta apuesta por una "nueva configuración y reforzamiento" del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), de forma que quede vinculado "a la capacidad de crecimiento de la economía" y su distribución entre comunidades se realice "en función de su población, las diferencias en el PIB per cápita y el desempleo".

En su opinión, la aplicación práctica del FCI "ha tenido distintos diseños que, globalmente considerados, puede pensarse que han limitado su potencia para hacer efectivo el objetivo específico que se le asigna y han generado confusión entre este mecanismo y el propio modelo de financiación", por lo que su reforma debe "defender que el esfuerzo de cohesión territorial interna que realice España, destinado a la convergencia efectiva de niveles de renta y riqueza de las comunidades menos desarrolladas, debe ser, como mínimo, similar al esfuerzo de cohesión de la UE".

Para ello, la Junta pide "vincular el FCI a la capacidad de crecimiento de la economía", para lo que considera que "se debería asociar su dotación a la evolución del PIB español, eliminando la actual discrecionalidad en la determinación del montante global del fondo, que se ve afectada por circunstancias tan peregrinas como que la administración central decida realizar sus inversiones directamente o a través de sus empresas y entes públicos instrumentales".

El documento establece que, para equiparar la dotación y los criterios de reparto del FCI "a los establecidos en Europa", sería necesario "dotar con el equivalente al 0,30 por ciento del PIB nacional y distribuirse entre las comunidades perceptoras en función de su población, las diferencias en el PIB per cápita y el desempleo". Además pide "mecanismos transitorios" para que las comunidades que "pierden ahora la condición de Objetivo 1 puedan tener un instrumento nacional para adaptarse de forma suave a la pérdida de fondos para la financiación de sus inversiones".

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