La Junta aprueba la ley de mediación para conflictos entre familiares

  • Profesionales especializados intervendrán en casos entre los que se excluye el maltrato

El Consejo de Gobierno aprueba hoy el proyecto de ley de la Mediación Familiar en Andalucía, que regulará este procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una familia a través de la intervención de profesionales "especializados, imparciales y neutrales". La reunión se producirá en Huelva, por lo que será la segunda ocasión en esta legislatura en la que no tenga lugar en Sevilla, ya que los miembros del Gobierno andaluz ya celebraron su periódico encuentro semanal anteriormente en Almería.

El Gobierno andaluz acordó el pasado 30 de octubre remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Mediación Familiar, pero finalmente por problemas de calendario no se pudo aprobar antes de la disolución de la Cámara previa convocatoria de elecciones. Junto a la nueva norma sobre grandes ciudades, quedó fuera de las que entraron en trámite de urgencia al final de la pasada legislatura.

El proyecto de ley establece que podrán solicitar voluntariamente la mediación personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, además de personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras. También las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.

Entre los conflictos que podrán ser objeto de mediación figuran los relativos a medidas motivadas por separaciones, divorcio o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela.

La mediación familiar, no obstante, quedará expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos o cualquier otro miembro de la familia.

De igual modo, se garantizan los principios de voluntariedad de las partes que soliciten la mediación, la imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora y la confidencialidad de la información obtenida durante el proceso.

La mediación será ejercida por profesionales con titulación universitaria en disciplinas de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social o cualquier otra licenciatura o diplomatura de carácter social, psicológico o jurídico.

En cuanto al régimen disciplinario aplicable a los mediadores, la norma prevé sanciones que van desde los 300 euros hasta los 15.000 euros y la suspensión de la actividad entre uno y tres años.

El Ejecutivo andaluz aprobará también la construcción del Parque Científico y Tecnológico de Huelva, que pasará a formar parte de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).

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