Chaves vincula la "conservadora" sentencia de Ciudadanía con el 9-M

  • La Junta mantiene que recurrirá al Supremo y defiende que las objeciones a la asignatura continúan siendo una minoría · La fiscal de Sevilla teme un efecto llamada tras la resolución del TSJA

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Manuel Chaves lo tiene claro. La Junta de Andalucía recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha reconocido por primera vez el derecho de unos padres a ejercer la objeción de conciencia en la asignatura Educación para la Ciudadanía, una iniciativa que ha eximido a su hijo de cursarla, a pesar de ser, por ley, una materia obligatoria.

El presidente del Gobierno andaluz -quien siempre ha defendido la puesta en marcha de esta materia e incluso participó en una clase en un instituto de Sevilla- se mostró contrariado por el pronunciamiento judicial y sí manifestó que "alguien puede sospechar que puede haber alguna interferencia en la campaña", aunque se apresuró a decir que él no lo piensa.

El también candidato del PSOE a la reelección hizo su interpretación de la sentencia, que tildó de "profundamente conservadora" y, aunque insistió en no vincularla con estrategia electoral alguna, sí puso de nuevo el foco sobre este aspecto: "Se podía haber tenido un poquito más de sensibilidad porque, casualmente, la sentencia sale al día siguiente del debate entre Rajoy y Zapatero y uno de los temas del debate fue precisamente éste". Esa reflexión era la cal. La arena vino cuando puntualizó que entiende que los jueces dicten sentencias cuando las tengan que dictar.

Aunque reiteró que respeta la sentencia y que por su cabeza no pasa que haya un interés electoralista detrás, Chaves aludió a una organización conservadora, el Foro Español por la Familia, que asesoró a los padres de Huelva. Pese a que el pronunciamiento del TSJA supone un revés a la defensa férrea que el PSOE ha hecho de esta materia, el presidente quiso evidenciar que en Andalucía son mayoría los que quieren que en los colegios públicos se enseñen los valores de "la convivencia, la solidaridad o la igualdad". Aportó un dato: sólo el 0,4 por ciento de los padres de alumnos que estudian Educación para la Ciudadanía han alegado objeción de conciencia.

La Fiscalía de Sevilla anunció también ayer la presentación de un recurso de casación contra la sentencia, al estimar que supone una extensión de la libertad religiosa que "colisiona con el libre desarrollo de la personalidad de los alumnos, porque les impide acceder a determinados conocimientos".

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, informó a este periódico que, aunque la argumentación del recurso corresponderá a la Fiscalía del Supremo, en el mismo se planteará una posible infracción de ley y de la jurisprudencia aplicable al caso, con la intención de que el Alto Tribunal unifique los criterios en torno al reconocimiento o no del derecho a la objeción ante esta enseñanza, dado que existen sentencias de Asturias y Cataluña que no lo han reconocido. "Pretendemos que haya una misma respuesta a todos los ciudadanos ante la disparidad de pronunciamientos de los tribunales superiores", aseveró.

Segarra estimó que la sentencia andaluza es "contradictoria" con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia y argumenta que el derecho de los padres radica en la "selección del centro que se adecue a sus creencias religiosas". La fiscal recuerda que, como contempla el propio tribunal, la asignatura de Educación para la Ciudadanía es los "suficientemente amplia y vaga" como para que cada centro adapte la enseñanza a sus principios.

Segarra reconoció que, si bien la resolución del TSJA sólo es aplicable al caso de Bollullos, en la práctica se abre la vía para objetar ante esta materia, por lo que vaticina un efecto llamada.

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