La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de abandonar la instrucción sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo tendrá una inesperada repercusión en dos juzgados de Huelva, el de La Palma del Condado y Moguer. En ambas instancias judiciales recaen las decisiones inmediatas sobre la exhumación de las fosas comunes ubicadas en la localidad palmerina, Bonares y Niebla, las tres que citó Garzón en su auto original luego paralizado.

A pesar de su decisión, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales". Y sugiere el juez la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también proponía la creación de una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y "permitir que las familias identifiquen y exhumen a sus víctimas".

A partir de ahora, los juzgados de La Palma y Moguer deberán decidir sobre la apertura y protección de las fosas de La Palma, Bonares y Niebla.

La nueva decisión de Garzón no ha sentado nada bien en el seno de la Asociación Memoria Histórica. Su presidente, el almonteño Rafael López, no confía ni en la capacidad ni en la disposición de los juzgados onubenses implicados y recuerda que "el juzgado de La Palma ya había devuelto a la audiencia el exhorto sobre la fosa de La Palma". Según López, el juzgado alegaba en su devolución a la Audiencia Nacional que el informe presentado por Memoria Histórica iba incompleto por no identificar concretamente quién tenía que hacer la exhumación y cómo se desarrollaría. López asegura que la fosa está "suficientemente identificada" y subraya que sobre ella "se han realizado trabajos de urbanización por parte de la constructora sin que el Ayuntamiento y el Juzgado hayan hecho nada por evitarlo en todo este tiempo".

Rafael López explicó que la decisión de Garzón de trasladar la causa a los juzgados territoriales solamente afecta de momento a estas tres fosas de su auto por eso "intentaremos seguir trabajando como hasta ahora". Y citó el caso de la fosa de Calañas, donde la Asociación Memoria Histórica ha recuperado los cuerpos de once vecinos de El Cerro fusilados por la represión fascista en la localidad minera y que aún quedan por identificar. Estos trabajos no fueron paralizados y contaron con el apoyo de la Alcaldía calañesa, responsable de la política mortuoria en su territorio.

En Huelva se encuentran datadas un total de 115 fosas más, al margen de las citadas por Garzón. Se ubican principalmente en el interior de los cementerios y su existencia es conocida en los pueblos. Las más numerosas se encuentran en la Sierra y la Cuenca Minera.