La Consejería de Justicia e Interior tiene asignado el 14% del número total de funcionarios de refuerzo a las localidades costeras de Andalucía para aliviar la carga de trabajo, reducir la pendencia y atender situaciones temporales de sobrecarga en los juzgados. La Junta de Andalucía, según informa en un comunicado, ha dotado con 46 nuevos funcionarios a los órganos judiciales andaluces que tienen una mayor carga de trabajo, con lo que se ha llegado a un total de 184 funcionarios de refuerzo en los juzgados de esta comunidad, según el acuerdo adoptado en la Comisión Mixta de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebrada en mayo.

Del total de empleados públicos de refuerzo, 26 prestan sus servicios en sedes judiciales de las localidades costeras de la comunidad (en este cómputo no se incluyen las ciudades de Málaga y Cádiz). Los juzgados de Huelva tienen dos funcionarios de refuerzo, ambos en Ayamonte, Almería cuenta con cinco refuerzos en las localidades costeras, tres en Roquetas de Mar y dos en Vera; Cádiz cuenta con ocho funcionarios de refuerzo, uno para Algeciras, dos para Barbate, tres para Chiclana de la Frontera, uno para Puerto a Real y uno para San Fernando; en Granada, uno en Motril; y, por último, Málaga cuenta con los siguientes refuerzos: uno en Fuengirola, seis en Estepona, uno en Marbella, uno en Torrox y tres en Vélez-Málaga. La Consejería de Justicia mantiene cubierta al cien por cien una plantilla compuesta por más de 8.000 profesionales en la que destaca el alto grado de estabilidad. El porcentaje de interinidad en la comunidad autónoma andaluza es del 9%, uno de los más bajos del Estado. Andalucía cuenta, además, con una línea de actuación específica, orientada a dar soporte a órganos con necesidades especiales.

Los refuerzos aprobados (46) se han sumado desde mediados de junio a los 138 funcionarios interinos que ya venían prestando su servicio en los órganos judiciales y las fiscalías de la comunidad con ese objetivo, y más de la mitad de ellos en juzgados de Primera Instancia o Instrucción, juzgados de lo Penal y fiscalías, las sedes judiciales donde se sustancian los procedimientos por delitos relacionados con los casos de corrupción.