El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) culpa directamente al exalcalde de Bollullos Par del Condado, el independiente Francisco Díaz Ojeda, de la existencia de una deuda que, por impago de los salarios de tramitación a los ejecutantes y otros trabajadores que fueron despedidos en 2009 al declarar inválidos los contratos de unos 40 empleados, asciende a 2,5 millones de euros. Por este motivo, el TSJA señala la remisión de un testimonio de esta sentencia al Ministerio Fiscal a los efectos que procedan por si se ha producido algún delito de administración desleal para con el Ayuntamiento o contra los derechos de los trabajadores por la conducta de Díaz Ojeda, según reza en la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El juez considera que esta situación es "imputable exclusivamente al alcalde de la localidad, que fue designado como responsable de la ejecución de la sentencia de fecha 21 de enero de 2009, por auto de fecha 23 de septiembre de 2010, que ha observado en este procedimiento una actitud gravemente obstativa al cumplimiento de la sentencia que ha ocasionado un muy grave perjuicio económico al Ayuntamiento demandado".

Los hechos se remontan al 20 de enero de 2009 cuando en un pleno municipal se declararon inválidos los contratos de unos 40 trabajadores, que habían sido contratados por el anterior alcalde socialista, con derecho a recibir una indemnización como despidos improcedentes.

En esta sentencia, el juez desestima un recurso de suplicación interpuesto por tres trabajadores afectados y confirma el auto impugnado al considerar que los habitantes de Bollullos "no pueden verse perjudicados por el cumplimiento de esta sentencia judicial, ni el Ayuntamiento puede incumplir sus obligaciones presupuestarias". En este sentido, asegura que al haber sido readmitidos los trabajadores en el Ayuntamiento en diciembre de 2013 percibiendo por ello un salario, que se incrementa en 400 euros, "no se encuentran en una situación de necesidad, sin olvidar que tanto su contratación como su cese estuvieron motivados por afinidades ideológicas y políticas, de las que no disfrutan el resto de los ciudadanos de la localidad". Remarca que éstos "no sufren un perjuicio evidente que justifique el incremento del pago mensual, ni siquiera a 1.500 euros, cantidad que resultaría altamente gravosa para el Ayuntamiento ejecutado". El montante total de la deuda del Consistorio, por los salarios de tramitación devengados por los trabajadores despedidos el 21 de enero de 2009, asciende a 2.559.306,50 euros.