Los municipios onubenses de menos de 10.000 habitantes que se encuentran en una delicada situación económica recibirán de la Diputación de Huelva un anticipo de la recaudación local con el objetivo de que sus ayuntamientos puedan prestar servicios básicos a sus vecinos. En total son algo más de cuatro millones de euros, correspondientes a tres anualidades y con carácter reintegrable.

El Pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad el llamado Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables en una sesión extraordinaria en la que también se dio salida al expediente de contratación para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia onubense. Sólo dos puntos en el orden del día y consenso casi absoluto.

Los grupos coincidieron en valorar la ayuda financiera a los pequeños municipios como una de las razones de ser de las diputaciones. Y más en un contexto en el que las deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, en muchos casos insalvable a corto o medio plazo, no les permite acceder al Pfea y otros planes de empleo y medidas de ayuda, como explicó el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Luis Ramos.

"Debemos permitirles fraccionar esta deuda y llegar a un acuerdo", apuntó Ramos, quien incidió en la necesidad de que los municipios más pequeños reduzcan su endeudamiento y acometan el pago a proveedores de suministros básicos, que evite situaciones desagradables como el corte eléctrico en dependencias municipales.

En este sentido, el diputado socialista explicó que los fondos corresponden a tres anualidades de recaudación neta. Se establecerán dos líneas de anticipos reintegrables destinados a la refinanciación, con un plazo de devolución superior a un año, y que deberá emplearse obligatoriamente, según el tipo de línea, para el pago de deudas con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y proveedores, o para la amortización total o parcial de la deuda financiera.

"Somos la única diputación andaluza que llega a un anticipo de tres anualidades", destacó Ramos, también por la gestión económica de la institución en Huelva, "que permite atender estas necesidades de los pequeños municipios".

Los grupos de la oposición manifestaron su apoyo al fondo financiero. Incluso en el Partido Popular, David Toscano, aplaudió la iniciativa: "Para esto está la Diputación, para ayudar a los municipios pequeños".

Sólo planeó en el debate una sombra: el "informe desfavorable de la Intervención", según anotó el diputado de Ciudadanos, Ruperto Gallardo. "Lo vamos a apoyar aunque nos hubiera gustado que viniera al Pleno sin esas objeciones de Intervención", añadió también el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Jiménez.

Esas observaciones a la ayuda financiera propuesta, según explicó a continuación José Luis Ramos, se limitan a las dudas sobre la competencia de la Diputación y al plazo de reintegro a fijar para los municipios beneficiarios.

"Entiendo que por la interpretación del artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local debemos prestar asistencia económica a los municipios de la mejor forma posible, sobre todo a los de menor capacidad", señaló. Y añadió sobre los plazos, que evitan poner uno o dos años para "no seguir ahogando a los ayuntamientos; queremos trabajar en el largo plazo".

El presidente, Ignacio Caraballo, apuntó brevemente que "de haber tenido reparos del interventor, no hubiéramos presentado esta propuesta". Ramos lo apostilló: "Cuando hablamos de las finanzas de la Diputación, nunca traeremos un expediente con reparos de Intervención".

El pleno extraordinario dio trámite al otro punto a tratar: el expediente para la contratación de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación.

Según explicó la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, el servicio atiende a más de 3.100 personas de la provincia, la mayoría con una edad superior a los 65 años, a través de 1.180 auxiliares de ayuda, asegurando que se llega "a toda la provincia, hasta el pueblo más pequeño y recóndito", permitiendo "mejorar al máximo posible la calidad de las personas, sin sacarlas de su entorno habitual, y mantener una actividad económica sostenible, creando empleo en un momento en el que debe ser una prioridad".

El nuevo contrato será de un año de duración, prorrogable por uno más, y contará con una dotación superior a los 21 millones de euros (20 puestos por la Junta de Andalucía, y más de uno por la propia Diputación).

La propuesta salió adelante casi por unanimidad. Sólo Izquierda Unida se abstuvo por considerar que el servicio debería prestarse por una empresa provincial pública en vez de externalizarse.