El Ayuntamiento de Almonte no seguirá adelante con el expediente para revisar la compra de la Dehesa Boyal y Santa María. Así lo decidió el Pleno municipal el pasado jueves, en una sesión en la que el PSOE contó con mayoría suficiente para aprobar o rechazar las mociones ante la falta de dos ediles del PP tras la dimisión de José Carlos Curto y Miguel Ángel Fernández (aún no sustituidos por la Junta Electoral), lo que quitaba la mayoría a la oposición.

La iniciativa sobre la Dehesa llegaba de la mano de Izquierda Unida, que presentó una moción para solicitar la nulidad de la compra de los terrenos. El portavoz de la formación, Daniel Martínez, puso el acento en las "irregularidades de la compra de sendas fincas de 153 hectáreas" por las que el Ayuntamiento pago en su día 4,3 millones de euros, recordó, mientras que "las tasaciones independientes reflejan que "el precio real de la finca es de 1,7 millones de euros". Una "operación rematada con dinero público a la que no se adjuntó un documento justificativo que acredite por qué se adquiere" el bien inmobiliario. En este sentido, argumentó que el Consejo Consultivo ya señaló los "defectos de forma y pidió seguir adelante con el expediente para restituir a las arcas públicas unos recursos que podrían remediar los problemas de liquidez de la institución.

El PP, en palabras de José Antonio Domínguez, reiteró que los cargos electos "juran al ser investidos concejalas hacer guardar la constitución y el fiel cumplimiento de legalidad". En consecuencia, conminó al equipo de gobierno a seguir adelante con un procedimiento donde "la propia Cámara de Cuentas determina que se ha incumplido el procedimiento administrativo".

En el PSOE Antonio Joaquín Díaz explicó que el secretario, "máxima institución jurídica de este Ayuntamiento", ha mostrado sus dudas de que se pueda llevar a efecto una revisión de oficio por "la inseguridad jurídica" que genera. Díaz recordó que la apertura de la causa penal "conllevó la imputación de una serie de delictivos a unos concejales que han quedado absueltos tras el archivo de la causa". En virtud de ello emplazó al líder de los populares a que pidiera disculpas a los ediles por "vilipendiarlos cuando ha quedado demostrado que no tuvieron responsabilidad" en un procedimiento donde "se ha gastado dinero público en la contratación de letrados para que se les acusara".

El resto de mociones presentadas por los populares y por IU fueron rechazadas en la sesión. Todas salvo una, la revisión de oficio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Almonte, si bien se añadió una enmienda para que fuese una comisión la que decidiese en última instancia sobre la idoneidad o no de esta medida. No se aceptó, sin embargo, una propuesta idéntica para que todos los partidos políticos, de modo consensuado, dilucidaran qué papel asumirá el Ayuntamiento en las distintas causas judiciales que mantiene abiertas.

Más unanimidad logró la propuesta de Mesa de Convergencia (sólo IU se abstuvo) a la hora de respaldar la redacción y aprobación de un Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. Ya con el favor de todos los grupos se aprobó otra propuesta para la adhesión de Almonte a la Red de Ciudades-Refugio.

El PP, sin embargo, no logró que el PSOE respaldase el plan del paseo marítimo de Matalascañas, el mantenimiento de la unidad canina de la Policía Local o el mantenimiento de los servicios de Guardería Forestal, que se han reducido de seis a cuatro.

Otra propuesta que quedó en el tintero fue de IU, realizar una nueva convocatoria para lo huertos sociales en el término municipal de Almonte. El equipo de gobierno explicó que ya se han sorteado todos los lotes de la finca La Lapa y que su intención es trasladar el proyecto a otras parcelas públicas emplazadas en El Rocío y Matalascañas. En este sentido recordaron el éxito encontrado en el sorteo de los primeros lotes, donde hasta 45 usuarios se inscribieron para explotar a nivel particular 11 porciones de tierra donde podrán cultivar frutas y hortalizas.