Todos los veranos el número de abandonos de perros aumenta significativamente en toda España, lo que hace que las perreras se masifiquen. Esto es lo que ocurre en la Perrera Municipal de Valverde que recoge a todos los perros de la provincia siendo la única con la que cuenta Huelva, aparte de la de la capital.

Ante esta situación, la protectora Acción Animal Valverde denuncia que Athisa, concesionaria de la perrera, decidió a finales de julio sacrificar a veinte perros de los recogidos en las instalaciones, desbordados por la cantidad de animales recogidos.

Según Acción Animal, la perrera responde a los servicios básicos necesarios, y las instalaciones son nuevas, y aptas, para su correcto funcionamiento, pero sobrepasan el límite de su capacidad. Por ello solicitan la firma inmediata de un acuerdo con la empresa.

En la denuncia piden entrar en la perrera como voluntarios para poder colaborar en las tareas de educación y de cuidado de los canes, para buscarles desde su propia asociación un hogar de acogida y evitar sacrificios.

El conflicto, según la protectora, aparece cuando Athisa rompe con su colaboración tras unas fotos publicadas a principios de año donde se mostraba el estado en el que convivían los animales. Esta ruptura hace que la Asociación Valverde Animal busque firmar un convenio que les permita de nuevo el acceso a las instalaciones para ayudar en el mantenimiento y cuidado de los perros.

Según la protectora, el veterinario de la perrera está de baja y no se sabe en qué momento se suplirá su puesto. También aseguran que los operarios cuidan a los animales lo mejor posible, dentro de las posibilidades.

La Asociación Valverde Animal insiste en que en ningún momento los perros son maltratados, pero que el estado en el que conviven los animales no es el adecuado. La junta directiva de la asociación reitera que la situación es insostenible.

Athisa no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho la Diputación de Huelva, que explica que la gestión le corresponde únicamente a la empresa y ésta cumple con todo el protocolo establecido: captura, recogida, traslado al centro, recepción y ficha sanitaria, todo de acuerdo a la Ley 11/2013 de Protección Animal. La ley estipula que los perros pueden permanecer un mínimo de 10 días pero no menciona cuánto tiempo debe pasar antes de ser sacrificados. En este caso, según informaciones de la Diputación, son 18 meses los que estos perros han estado en la perrera, por lo que no tienen constancia de ninguna irregularidad.