Los 35 millones de euros que ofrecerá el Gobierno de España por 922 hectáreas de las 1.061 que integran la finca Cortijo Los Mimbrales podrán lograr el equilibrio hídrico en Doñana y finiquitar la sobreexplotación del acuífero que nutre de vida al Parque Nacional de Doñana y los humedales del Espacio Natural. Así lo afirmó ayer el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, durante una reunión con los agricultores y representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos y la Comunidad de Regantes del Condado, a quienes se les trasladó los pormenores de una operación que se espera tener materializada en el mes de septiembre.

Acompañado por el presidente de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir Manuel Romero; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado en Huelva, Enrique Pérez Viguera; y de varios alcaldes del PP de la provincia, Haddad recordó que la adquisición de la macro finca almonteña es posible gracias a la decisión del Consejo de Ministros de autorizar el pasado viernes un suplemento de crédito por valor de 35 millones de euros que se inyectarán directamente en el presupuesto de la CHG. Será dicho organismo autónomo quien afrontará la que posiblemente será la mayor operación de compraventa agrícola en el entorno desde los tiempos de pre Parque Nacional.

La operación no sólo se mide en clave económica. El verdadero valor social y estratégico se encuentra en los derechos de agua que tiene reconocidos Los Mimbrales y que ascienden a 6,8 hectómetros cúbicos por año; más que todo el caudal de agua que llegará del primer trasvase de 4,9 hm³.

El subsecretario explicó que desde el momento que han contado con recursos económicos "desde la CHG como desde el Ministerio se han ejecutado todos los trámites necesarios con el fin de llegar a septiembre con todo preparado" para rematar una operación "con un gran valor, tanto en materia hidráulica como para los regantes y Doñana". Los 6,8 hectómetros cúbicos se pondrán a disposición de las necesidades ambientales y "reducirán las tensiones" entre la disponibilidad de un recurso finito como el agua y las demandas del sector agrícola.

El presidente de la Cuenca del Guadalquivir subrayó que la finca posee "unos derechos de agua privados consolidados y unas dotaciones por encima de las que figura en el Plan Hidrológico", de ahí la importancia de la adquisición de esta finca. A renglón seguido matizó que el Gobierno sólo está interesado en la superficie agrícola, por lo que no adquirirá el hotel ni las naves agrícolas, lo que incrementaría el precio sustancialmente.

Romero fijó ahora su prioridad en articular el plan anual de extracciones que se diseña en colaboración estrecha con el Instituto Geológico y Minero (IGME). Una vez pasado a convocatoria pública se regularizarán los derechos de agua de las 9.330 hectáreas a las que da cobertura el Plan de Regadíos.

Repartir esos recursos hídricos y atender a las necesidades de cultivo de la fresa podría ser una quimera. Por eso Romero insistió en que es tranquilizador saber que los derechos de Los Mimbrales no se van a utilizar, permitiendo "realizar un plan anual de extracciones mucho más favorable" a los intereses del sector agrícola. De igual modo añadió que el Ministerio, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), última las obras del trasvase del Fresno, por lo que "todos estos pasos son importantes" para garantizar la agricultura en la comarca.

El Gobierno buscaba fórmulas para cuadrar los recursos de riego. Entre las alternativas se encontraban "sustitución de aguas subterráneas por superficiales, redistribución de las extracciones; sustitución de aguas subterráneas por aguas pluviales; sustitución de aguas subterráneas por aguas residuales depuradas y aptas para uso agrícola; así como compra de derechos de aguas para disminuir las extracciones". En esta última estrategia se enmarca la compra de los Mimbrales.

El desequilibrio puede llegar por las cerca de 3.000 hectáreas de riego ilegales que se nutren del acuífero, de forma que son estas las que comprometen el equilibrio que la gran bolsa de agua en el subsuelo de la comarca.

El último informe del IGME hecho público por las administraciones situaba en 23 hectómetros cúbicos por año la cantidad que se podía extraer del acuífero sin comprometer su futuro. Esta dotación se complementa actualmente con los 8,7 hm³ que bombea la comunidad de regantes el Fresno más los 4,99 provenientes del trasvase de la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir, de los cuales, 1 hectómetro se utilizará para consumo humano.

Para regar las hectáreas legales se estima necesario unos 40 hectómetros cúbicos por año. Actualmente a disposición de los empresario se encuentran los 23 hm³/año de agua subterránea más los 12,6 hm³ de agua superficial, una vez las obras del trasvase sean una realidad. Ese déficit de cinco hectómetros cúbicos se cubría sobreexplotando el acuífero y comprometían no sólo el Parque Nacional de Doñana y sus humedales, sino la propia campaña agrícola. En algunas zonas los niveles freáticos eran tan bajos que la salinidad desaconsejaba el riego, obligando a los agricultores al abandono prematuro de la plantación cuando la primavera era especialmente escasa en lluvias.

Con la compra de Los Mimbrales y la disposición de esos 6,8 hectómetros cúbicos se palia este déficit. Sin embargo, en la reunión el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos, Cristóbal Picón, volvió a reclamar la trasferencia de los 14,9 hm³ como "solución definitiva" a los problemas hídricos de Doñana. Picón, valoró positivamente ayer la operación de adquisición por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la finca con el fin de solucionar la sobrexplotación de acuíferos que aportan agua al Parque Nacional de Doñana. No obstante, la calificó de "insuficiente" para el problema de falta de agua en la zona.

En declaraciones a Europa Press tras el encuentro, Picón reiteró que el sector considera que "la solución definitiva" pasa por el trasvase. Este supone "una solución definitiva y fiable" y, aunque reconoció que con la adquisición de Los Mimbrales "se libera al acuífero 27", consideró que la solución que necesitan los regantes pasa por un sistema superficial, por lo que la Plataforma va a seguir con sus reivindicaciones y, de cara a mediados del mes de septiembre, a dos meses escasos de las elecciones generales, mantiene la movilización prevista en Sevilla.

En el mismo sentido se pronunciaban los alcaldes socialistas de Lucena, Bonares, Rociana y Almonte, que media hora antes de la llegada del subsecretario mostraban su "indignación" por "la falta de lealtad institucional" del Gobierno de España hacia los ayuntamientos del Condado. Los representantes de estos cuatro municipios lamentaron que "por motivos partidistas" no hubieran sido informados de la reunión con los agricultores y la regidora de Almonte, Rocío Espinosa, defendió que "el esfuerzo inversor del Gobierno" se destine "al esperado trasvase de agua superficial a Doñana, que es la auténtica medida de futuro y una solución medioambiental definitiva". La edil lamentó que con la compra de la finca "se merme la capacidad productiva de Almonte y de los pueblos del entorno", al tratarse de una finca que genera "muchos puestos de trabajo" en fechas diferentes a la recolección de los cultivos de primor.