El Ayuntamiento de Bollullos par del Condado camina hacia la quiebra si no se adoptan medidas que conlleven la restructuración de la plantilla o una rebaja de sueldos de los funcionarios. Así se puso de relieve en el último Pleno extraordinario monopolizado por el análisis de la situación económica y financiera de la institución local.

Las matemáticas no ofrecen lugar a dudas. Actualmente, el capítulo de personal consume el 90% de los ingresos, por lo que en 2016, cuando el Ayuntamiento debe hacer frente a la devolución del capital del Plan de Pago a Proveedores (actualmente sólo paga intereses tras acogerse al periodo de carencia que ofrecía el Estado), se generará un déficit anual en torno a los dos millones de euros, que colapsaría las arcas públicas.

Como medida de emergencia, el Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos de la Diputación provincial ha permitido la puesta al día en el pago a la plantilla municipal. Estos recursos llegan después de que los trabajadores arrastraran cuatro nóminas impagadas. Sin embargo, el propio alcalde, Francisco Díaz, dijo públicamente que la falta de liquidez volverá a dar la cara en junio, por lo que reclamó el consenso de todas las fuerzas políticas para trazar una estrategia conjunta con la que mitigar los efectos de medidas que se presumen traumáticas.

El PP, que desde hace meses no tiene responsabilidades de gobierno tras la ruptura unilateral del pacto por parte de los independientes, añadió en boca de su portavoz, Francisco Martín, que si no se adoptan medidas, cada año faltarán ingresos para costear el Capítulo I de los presupuestos (Personal). El edil recordó que dirá adiós a la vida pública, "al menos en primera línea", y desde esa perspectiva añadió que su discurso no ha variado un ápice desde el momento en que tuvo responsabilidades de gobierno: afrontar un expediente de regulación de empleo para salvar la viabilidad institucional, si bien evitó la palabra ERE.

La decisión del exalcalde Carlos Sánchez (PSOE) de contratar a 40 personas antes de suscribir la moción de censura en 2008 se ha revelado devastadora, al igual que la ulterior decisión de independientes y populares de despedirlos. A pesar de contar con el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía, que determinó que las contrataciones eran nulas de pleno derecho, el Juzgado de lo Social de Huelva determinó que los despidos eran nulos al tener un carácter "político". En consecuencia, su señoría determinó la reincorporación de este capital humano con la retribución del mes en curso, al ser diciembre la fecha que se tomó como referencia, se produjo la paradoja de que esos trabajadores cobran el doble. Y lo peor de todo: contra dicha sentencia no cabe recurso.

En esta tesitura, los 180 trabajadores representan una pesada carga para la institución. El PSOE se lavó las manos y su alcaldable, Rubén Rodríguez, destacó que "desde hace siete años no han contado con nosotros para nada y ahora se nos pide ayuda" para "dar una solución al problema que habéis creado por despedir" a las últimas incorporaciones de Sánchez. Una medida que, le espetó, "ha conllevado cuatro millones en gastos" y todo "para seguir contratando en esos mismos puestos".

El alcalde negó esta acusación y retó a los socialistas a que dieran nombres y apellidos. A reglón seguido explicó que las únicas contrataciones se han materializado a través de la empresa pública Bubulca para la limpieza de los centros escolares o para mitigar el drama social de personas que no tienen para comer. Contrataciones, todas ellas, "de carácter temporal", apostilló.

A su juicio, el problema es que esos contratos formalizados en la etapa socialista "cobran el doble de lo que les corresponde". De esta forma, ahondó que mientras otros municipios de similar número de ciudadanos disponen de plantillas similares, los emolumentos que perciben sitúan los gastos de personal "casi a la mitad", lo que les permite disponer de recursos para afrontar inversiones que se ven constreñidas por "las deudas del Plan de Pago a Proveedores, cuyo 95% de la cuantía se generó durante el mandato de Sánchez", sentenció.

El único representante de IU, Carlos Do Carmo, achacó la responsabilidad de la situación a todos aquellos que han desempeñado labores de gobierno, lo que atañe al propio alcalde "cuando formaba parte de la corporación municipal y era concejal de Economía y Hacienda con IU". En cualquier caso, reveló que si analizan los números de manera objetiva "es evidente que con ustedes [dijo señalando a la bancada de independientes y populares] la situación ha empeorado".