Fitonovo, empresa que ha reconocido ante la juez Mercedes Alaya el pago de comisiones para hacerse con contratos públicos en distintas administraciones de Andalucía, logró incrementar en 219.711 euros (casi un 2% sobre la adjudicación) el coste de las obras de la piscina municipal en La Palma del Condado, elevando así el importe total de la infraestructura hasta los 1.326.711 euros.

La operación Enredadera (tercera fase de la macrocausa del caso Madeja que instruye Alaya) puso en el punto de mira al Ayuntamiento del municipio condal a raíz de que el administrador de Fitonovo, José Antonio González, afirmase que pagó una mordida que ascendió a 10.000 euros, si bien en ningún momento concretó quien fue el destinatario de este dinero fraudulento supuestamente entregado.

La entidad mercantil fue la elegida para acometer la infraestructura deportiva con un presupuesto de 1.106.999 euros (938.135 sin IVA). Fitonovo se constituyó en Unión Temporal de Empresas con Aldilop para afrontar el proyecto.

Aunque el periodo de ejecución era de cinco meses, tal como hizo constar la propuesta de mejoras, el arquitecto técnico municipal, Fernando Moreno, emite en agosto de 2011 (una vez las obras ya tendrían que estar finalizadas) un informe técnico por el cual se propone un modificado, a instancias de la propia empresa, por valor de 219.711 euros. Esta petición encuentra respuesta afirmativa por parte de la administración local y Fitonovo incrementa así en un 20% el precio de la adjudicación, argumentando para ello la "realización del estudio geotécnico", que conllevó un "recalculo de la cimentación y de la estructura".

Fitonovo no presentó la oferta más ventajosa en términos económicos, su propuesta era ligeramente más cara que la de una de sus competidoras, TAU Ingeniería. Pero la propuesta económica únicamente representaba 50 puntos, mientras que el resto quedaban a valoración del técnico municipal. El elemento definitorio para lograr seducir al Ayuntamiento fueron las mejoras que ofrecía al proyecto licitado, que fueron cuantificadas en torno a los 238.000 euros. Una de las propuestas estrella de la empresa sevillana era la instalación de un césped artificial, en concreto el modelo Lesmo 62.

El concejal de Deportes, José Carlos Álvarez, señala que el Ayuntamiento "prefirió que Fitonovo acometiese la construcción de una segunda grada en el campo de fútbol y debajo de ellos unos locales comerciales destinados a las entidades sociales que permitían el acceso desde la calle". Posteriormente el 27 de junio de 2014 la corporación municipal sacó a concurso la compra e instalación de esta infraestructura por importe de 297.980 euros, que recayó esta vez Limonta Sport Ibérica.

Sin embargo, otros compromisos que permitieron puntuar a la empresa no fueron cumplidos. En concreto, Fitonovo tenía el compromiso de contratar el 100% del personal de la Palma del Condado y trabajar con empresas suministradoras con sede social en el municipio. Sin embargo, en el informe de admisión que elabora los arquitectos municipales se acredita que todas las empresas suministradoras tendrían sede social fuera de la provincia de Huelva, incluso una de ellas se situaba en Brasil.

El alcalde de La Palma, Manuel García Félix, ha recalcado siempre en este asunto que es "el primer interesado" en que se esclarezca la investigación a fin de depurar responsabilidades, si bien añadía que hasta el momento no existe ningún funcionario o político de La Palma del Condado imputado en la causa que instruye Ayala. En consecuencia, critica que alguien plantee sombras de dudas sobra la institución que preside sin que exista un pronunciamiento expreso de la justicia.

En el día de ayer el edil reiteró que no tiene nada que ocultar e incluso le ha remitido toda la documentación a la líder de la oposición socialista, Elena Ruiz, quien ha tenido cumplida información de cómo se han desarrollado las obras. Por esta razón, tachó de "deleznable" que "existan personas interesadas en dilatar con informaciones el tema hasta las elecciones municipales".