Provincia

El 7% de la población de la provincia tiene reconocida una discapacidad

  • Más de 36.000 personas sufren un grado de minusvalía igual o superior al 33% en Huelva

Un total de 36.083 personas, el 7% de la población de Huelva, tiene reconocida oficialmente la discapacidad en la provincia al presentar un grado de minusvalía igual o superior al 33%, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración.

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Lourdes Martín, dio a conocer este dato ayer con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, durante el transcurso de unas jornadas de sensibilización social organizadas por la Asociación de Obras Cristianas en Gibraleón, entidad referente en la provincia y con una trayectoria de casi 40 años en la asistencia al colectivo.

Al hilo del lema de las jornadas Todos somos =, Lourdes Martín resaltó la "firme apuesta" de la Junta de Andalucía por defender los derechos de las personas que padezcan cualquier tipo de discapacidad. En este sentido resaltó la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad promovida por la Junta, que "va a ahondar en la autodeterminación, capacitación y empoderamiento de estos ciudadanos, así como en el fomento de su vida independiente, el enfoque de género y la accesibilidad a las prestaciones de forma individualizada". El Consejo de Gobierno ha iniciado esta semana los trámites del anteproyecto de ley, recordó la Junta en un comunicado.

En paralelo a la elaboración de la futura norma, la Consejería de Igualdad está desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, cuya finalidad es mejorar su accesibilidad en los ámbitos de la educación, vivienda, transporte, empleo, ocio, comunicación y medio ambiente, así como la atención que se les da desde los servicios sociales comunitarios y el voluntariado.

Enmarcadas en este plan están actuaciones de "defensa del sistema de dependencia frente a los recortes del Gobierno central", el impulso de medidas de ahorro fiscal, la puesta en marcha de programas de empleabilidad, la elaboración de planes de accesibilidad en los municipios, reformas en viviendas, adaptación de las instalaciones sanitarias o distribución de tarjetas de aparcamiento.

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