La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva acordó ayer agotar la vía diplomática para exigir a la Administración andaluza que dé luz verde al Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que vendrá a dar seguridad jurídica a un sector que lleva más de treinta años luchando para ello.

En el horizonte ya dibujan una tractorada que partirá de la aldea de El Rocío el próximo 16 de diciembre, en caso de que la burocracia continúe frenando la aprobación definitiva de un documento que contó con todos los parabienes del Consejo de Participación de Doñana y que vendrá a legalizar 9.377 hectáreas de riego. Así lo acordó el sector en una reunión celebrada en la Cooperativa Costa de Huelva en Lucena del Puerto, a la que acudieron más de medio centenar de representantes de cooperativas; organizaciones empresariales como Freshuelva y Faeca; y sindicales como UGT.

Al término de la reunión, el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, señaló que el próximo lunes, 1 de diciembre, mantendrán una reunión con el delegado de la Junta de Andalucía, José Fiscal, en la que pretenden que, "sin más dilación, se concreten fechas después de que se hablase que un informe de Costas había sido el origen del último retraso". En paralelo, esperan concertar una cita con Ignacio Caraballo y Manuel Andrés González como líderes en la provincia de PSOE y PP, respectivamente, a fin de "trabajar en común" y "despojar de todo contenido partidista" un proyecto en el que se juegan su futuro los municipios de Almonte, Rociana, Bonares, Moguer y Lucena.

Este ultimátum se concreta después de que la Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, trasladase públicamente que el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana podía retrasarse en virtud de un informe negativo de la Dirección de General de Costas, lo que hizo saltar todas las alarmas frente a la imposibilidad de que los cultivos continuaran un año más en el limbo legislativo mientras se acumulan las denuncias por el uso de los pozos. En cualquier caso, desde la Consejería anunciaron ayer que el plan se aprobará antes del Consejo de Participación de Doñana que se celebrará en diciembre (aún no se ha fijado la fecha concreta).

No obstante, los agricultores recuerdan que los mercados no entienden de burocracia y que las cadenas de distribución y grandes superficies demandan que los clientes con quienes mantienen relaciones comerciales tengan en regla todas las certificaciones medioambientales y uso legal de las aguas de riego.

Con esta espada de Damocles sobre el sector, la plataforma ve indispensable aprobar el plan, que da cobertura legal a toda la superficie anterior al Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) puesto en marcha a finales de 2004 cuando se puso techo a la superficie de riego en la zona.

Una vez regularizadas las zonas de riego, el siguiente paso corresponderá a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno Central, quien habrá de conceder una autorización de riego en precario a 4.000 hectáreas incluidas dentro del propio Plan y que aún carecerá de derechos riego. En efecto, junto a las cerca de 1.000 hectáreas que se beneficiarán del trasvase, del resto hasta llegar a las 9.377 sólo se encuentran consolidadas las 1.500 que gestiona la Comunidad de Regantes El Fresno, 300 de Valdemaría; y 2.500 en Matalagrana, adscritas al Plan Almonte-Marismas.