No ha sido el mejor verano para los aproximadamente 320 mariscadores con licencia para capturar coquina con rastro en el litoral onubense. Desde el 18 de julio, todas las zonas de la costa de Huelva han permanecido prácticamente cerradas al marisqueo, ya fuera por la presencia en el marisco de la bacteria E. Coli o por la aún más temida biotoxina DSP. La decisión fue adoptada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la normativa europea y en el marco del objetivo permanente de evitar riesgos para la salud por el consumo de bivalvos contaminados.

No obstante, los principales perjudicados por esta situación, que parece estar abocada por el momento a un callejón sin salida, son los profesionales del sector, que debido a la parada forzosa de su actividad aseguran haber acumulado a lo largo del verano "cuantiosas pérdidas económicas".

Así lo pone de manifiesto a Huelva Información Juan Grao, presidente de la Asociación de Mariscadores de Ayamonte (Amaya), que representa a 54 profesionales con licencia. Grao asegura que cada mariscador ha dejado de ingresar una media de entre 1.000 y 1.100 euros al mes, a lo que habría que sumar los 180,70 euros mensuales que cada uno está obligado a pagar a la Seguridad Social, y los aproximadamente 100 euros de media cada trimestre en concepto de declaración de IVA.

A todo esto habría que añadir que de las ayudas comprometidas por la propia Junta de Andalucía para compensar esta situación "aún no sabemos nada a día de hoy [por el pasado jueves]", asegura Grao, "a pesar de que supuestamente todo está tramitado y de que se nos prometió que el abono de las mismas se efectuaría a mediados de octubre".

Según Juan Grao, actualmente se debe por este concepto una media de 4.500 euros a cada mariscador profesional, "sumando las cuantías de la parada biológica de este verano y los retrasos de algunos días correspondientes a la del año pasado".

Esta situación ha llevado al colectivo a protagonizar desde el pasado mes de mayo, y a lo largo de todo el pasado verano, distintas acciones de protesta que han tenido como escenario tanto la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Huelva como la Escuela Náutico Pesquera de Huelva, donde se encerraron el pasado 30 de septiembre y de donde fueron desalojados a las pocas horas por la policía.

Ante esta situación, la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa I. González Bayo, ha insistido a lo largo de todo el verano en entender la situación de "desesperación y de incertidumbre" del sector. Desde la Junta, dijo, "estamos viviendo esta situación con preocupación porque sabemos que lo están pasando mal, pero no podemos abrir una zona al marisqueo con presencia de toxina porque sería poner en riesgo a la población". De hecho, añadió, "los controles han sido diarios, y la presencia de la toxina ha llevado a la Junta al cierre del caladero por las normativas europeas que nos rigen".

El punto de inflexión se vivió a principios de mes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ayamonte, donde, promovido por Amaya, se inició un encierro que contó hasta con el apoyo del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Castillo, pero que sólo duró un par de horas tras conocerse que precisamente ese día la Consejería había abierto tres de las zonas productivas del litoral onubense, incluida la de Isla Canela.

Aquella fue una mañana muy tensa, de intensas gestiones a tres bandas entre mariscadores, Ayuntamiento de Ayamonte y Junta de Andalucía, que, según apunta Grao, se produjo "ante la falta" de una respuesta de la administración andaluza a sus dos principales propuestas: la apertura de la costa para poder mariscar la coquina y la petición de las ayudas comunitarias que les corresponden por haber estado cerrado el caladero. No en vano, la acción respondió al ultimátum que debido a su precaria situación habían dado los mariscadores la semana anterior a los responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

No obstante, la mañana también abrió una vía para la esperanza ya que el regidor ayamontino se comprometió con el sector a estudiar una posible vía de solución a medio o largo plazo para el problema, la cual pasa, sobre todo, por profundizar en la investigación para lograr erradicar la toxina del bivalvo una vez capturado.

En declaraciones a Huelva Información, Antonio Rodríguez Castillo afirmó que las demandas de los mariscadores "me parecen lógicas", a lo que añadió que "lo que pasa es que cuando los análisis dan positivo hay que cerrar". De esta forma planteó que "las soluciones tienen que venir por dos vías: a corto plazo, por agilizar el pago de las ayudas, y a medio-largo, por la depuración del bivalvo posterior a la captura". Una hipótesis, esta última, que, aseguró, "avalan distintos biólogos y expertos que trabajan en el sector". Se comprometió así a mantener una reunión con la Consejería, "donde expondremos este asunto como posible vía de solución, ya que si científicamente es posible eliminar las toxinas y bacterias del bivalvo, habrá que hacer todo lo posible por acabar con el problema, incluso cambiando la actual normativa, si fuese necesario".

Los mariscadores, por su parte, aseguran que no se trata de nada nuevo ya que, añade Grao, "con el tema de la depuración llevamos ya tres años trabajando junto con biólogos y expertos, y lo único que queremos es que se nos dé la razón porque estamos convencidos de que ahí está la solución".

Según explica el representante de los mariscadores ayamontinos, "para nosotros la depuración sería la solución ideal porque lo que queremos es trabajar y no vivir de las subvenciones". No obstante, dice, "mucho nos tememos que hay muchos intereses detrás de este asunto que han impedido hasta ahora profundizar en el tema". En este sentido, destaca el "compromiso" del alcalde, que "se está moviendo a nivel político y está haciendo presión por su parte, mientras por otra, nosotros la seguimos haciendo desde el propio sector, con el objetivo de doblar fuerzas ante las administraciones".