Los últimos robos con violencia que han azotado al municipio condal echaron ayer a la calle a más de un centenar de almonteños que demandaron justicia en el corazón de la Plaza Virgen del Rocío. La convocatoria, que fluyó como la pólvora a través de las redes sociales y la mensajería instantánea, no tuvo una autoría definida, si bien logró sus objetivos de hacerse escuchar sin necesidad de lecturas de comunicados oficiales o demandas concretas por parte de una plataforma ciudadana.

Sin un guión establecido, la masa humana comenzó a movilizarse en dirección al cuartel de la Guardia Civil, obligando a cortar las calles y ampliar el dispositivo de seguridad. La marcha itinerante también llegó a la altura del monumento a la Saca de las Yeguas, desde donde algunos se desmarcaron para recorrer el pueblo en busca del alcalde, el escrache que se ha vuelto casi común en muchas protestas ciudadanas.

La sed de justicia por el doble crimen de Miguel Ángel Domínguez y su hija estaba más viva que nunca tras el preceptivo duelo, más al no haberse esclarecido el suceso. Sin embargo, alentados por estos sentimientos que se encontraban a flor de piel en los manifestantes, algunos aprovecharon la ocasión para lanzar proclamas con tintes xenófobos y racista, que claramente se encontraban alimentados por la falta de futuro laboral. Un reducido sector voceaba sobre las dificultades de los trabajadores autóctonos para encontrar un empleo en la agricultura, que supuestamente copaban los extranjeros.

El mensaje se diluyó y también se escucharon críticas al alcalde, José Antonio Domínguez, al que acusaban de "no dar la cara" y "haberse puesto del lado de los fuera". Más allá de las palabras de trazo grueso, los ciudadanos reclamaron justicia al considerar que más allá de una percepción de inseguridad, la concatenación de actos delictivos que ha sufrido la población en el mes en curso pone de relieve lo que a su juicio es una realidad: "la delincuencia se ha disparado".

Gran parte de quienes se congregaron frente al Ayuntamiento eran familiares de personas que han sufrido algún tipo de hurto o robo con violencia. Dolores Romero explicaba que a su madre, de 79 años de edad, le quitaron una cadena de oro tras agredirla. Según detalla, la atacaron cuando fue a retirar la cadena para cerrar con llave, momento que aprovecharon para empujar la puerta y tirarla al suelo, dejándole como secuelas una pierna herida y una contusión en la cabeza. Los testimonios se sucedían y Remedios Martínez comentaba que su suegra divisó a una persona en la azotea a la que disuadió "pegando gritos".

La Policía afirmaba que la concentración había reunido a un centenar de personas, ya que era necesario cribar quienes estaban en la plaza explícitamente para secundar la convocatoria de aquellos que se mantienen en un segundo plano, meramente divisando el desarrollo de la misma. Los más indignados cifraban la asistencia en medio millar, si bien la falta de un portavoz impidió que alguien autorizado pusiera cifras concretas.

Los grupos políticos se desmarcaron de la concentración, al menos, no se dejaron ver por la plaza ni por la posterior movilización. Las descalificaciones de algunos cuando pasaron frente a comercios regentados por extranjeros y profirieron silbidos no eran tampoco la mejor compañía.

El portavoz del equipo de gobierno, José Joaquín de la Torre, explicó que no van a dar pábulo a ningún tipo de consigna racista ni a una "manifestación ilegal" que entiende que se escuda en sentimientos lícitos de justicia para proferir "consignas de tinte xenófobo". El edil explicó que el alcalde ya ha "dado la cara en los medios de comunicación garantizando la seguridad, gracias al refuerzo de los agentes de la Benemérita", a la par que reclamó tiempo para que se esclarezcan los hechos delictivos; una labor de investigación "que está comenzando a dar sus frutos con la detención de un sospechoso de robo". De la Torre concluyó censurando la actitud de un grupo de ciudadanos que han buscado al alcalde "a modo de escrache por el pueblo".