La "alarma social" que han generado las detenciones relacionadas con el club de alterne Sala Número 1 de Ayamonte, que terminó con la desarticulación de una red de prostitución que explotaba a 400 mujeres, ha llevado al PP del municipio a solicitar una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se tramitó y concedió la licencia de apertura del local.

Para ello, los populares han solicitado la celebración de un Pleno Extraordinario, en el que se decida (con el voto de los grupos políticos) si se inicia o no una comisión para aclarar todo lo relacionado con al concesión de permisos para abrir el club de alterne (clausurado por orden judicial desde hace diez días). El prostíbulo es uno de los implicados en la investigación llevada a cabo en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, relacionada con la prostitución en clubes de alterne, a raíz de la que hubo 36 personas detenidas y se logró desmantelar un red criminal que explotaba a mujeres en seis locales distintos.

Entre los detenidos se encontraba el ex concejal socialista del Ayuntamiento ayamontino, Carlos Fernández; el presidente de la Cámara de Comercio de la localidad, Javier González; el propietario de un club de alterne del municipio y un responsable del mismo, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el procedimiento de la concesión y firma de la licencia de apertura.

Ante los hechos, el PP de Ayamonte cree necesaria esa comisión, en la que se aclare si han existido irregularidades, "por el bien de Ayamonte y de su imagen.

Para el portavoz del PP en Ayamonte, Alberto Fernández, está en manos de los demás partidos que se apruebe esta comisión de investigación con su voto a favor en el pleno que los populares han solicitado. "No hay excusas; o queremos que se aclare y se sepa la verdad, o decidimos que todo siga igual y que se tape, no hay medias tintas en esta cuestión", enfatizó Fernández.

A su juicio, "son hechos muy graves los que han ocurrido en nuestra ciudad y que conllevan a cuestionar, una vez más, la limpieza de la gestión del PSOE en nuestro Ayuntamiento, hecho que daña enormemente la imagen de nuestra localidad".

Por otro lado, el secretario general del PP de Huelva, Guillermo García Longoria, se pronunció ayer sobre la querella que va a interponer contra su persona el alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, después de que éste asegurara la pasada semana que el primer edil ayamontino "está implicado en este turbio asunto", refiriéndose a la concesión de la licencia del club de alterne.

Al respecto y en declaraciones a los periodistas, García Longoria remarcó que "aún no le ha llegado nada y que son cosas que no son agradables" ni para él ni para su familia, a la par que reiteró que el alcalde de la localidad "tiene que explicar si tuvo algo que ver". El portavoz popular remarcó que "se trata de un alcalde imputado por irregularidades urbanísticas", haciendo alusión a la imputación de Rodríguez Castillo pro un presunto delito e corrupción urbanística, junto a su antecesor en el cargo, "lo que hace que el urbanismo en Ayamonte esté en continua sospecha y no se genere la confianza suficiente para atraer a los inversores".