Provincia

Paralizada la investigación de un posible delito ecológico en la planta de residuos

  • Un concejal de IU denuncia que se sigue enterrando la basura sin recibir tratamiento, y el vertido de lixiviados a un arroyo Pichardo considera un fraude el cobro de la ecotasa

La denuncia languidece en los cajones o entre montones de expedientes en los juzgados de La Palma del Condado. Cuatro años después de que el ex edil Juan María Domínguez denunciara ante la Guardia Civil un supuesto delito contra el medio ambiente en el municipio de Villarrasa, la investigación ni siquiera ha comenzado.

El que fuera primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo puso en conocimiento del Instituto Armado, en febrero de 200, el enterramiento de basura sin reciclar y el vertido al arroyo La Morita de lixiviados (agua contaminada procedente de los materiales de deshecho) de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Villarrasa, un extremo que ha vuelto a denunciar ahora el concejal de IU, José Pichardo.

Éste acusa a la Diputación de Huelva y a la Alcaldía de la localidad de no hacer nada por evitar que sigan produciéndose estas prácticas ilegales en el vertedero para deshacerse de la basura. Pichardo critica que se cobre la ecotasa para el tratamiento de los residuos y después no se recicle la basura, y solo se lleve a cabo su enterramiento.

El concejal ha informado en distintas ocasiones al pleno municipal de la situación y ha solicitado varias veces que se detengan estas labores sin que "hasta la fecha haya obtenido ningún resultado".

Pichardo sostiene que tanto el equipo de Gobierno de la Institución provincial como del Ayuntamiento "están al corriente de que la basura se está enterrando y también la materia orgánica" y están "haciendo la vista gorda, posiblemente por intereses partidistas", mientras incrementan la ecotasa. El edil considera que se está cometiendo un fraude, ya que el impuesto sirve para reciclar y "no se está haciendo" y no descarta que alguien se esté "beneficiando" de ello. Mientras tanto, los residuos se siguen acumulando sin tratamiento y el líquido contaminante de las balsas continúa vertiéndose hacia el cauce de la cañada La Morita el cual desemboca al arroyo Rubio y éste a su vez al río Tinto.

Según Pichardo, la basura que finalmente se entierra en el vertedero de apoyo no pasa en ningún momento por las cintas de reciclaje, mientras que los gestores de la planta aprovechan el agua de la lluvia para mezclarla con los lixiviados con destino al arroyo, donde es frecuente y habitual la presencia de animales, cuando dicho líquido debería ser transportado hasta una planta de tratamiento de Sevilla.

Así, los camiones depositan la basura en la explanada y allí las grúas la cargan en los vehículos carrileros y éstos la trasladan directamente al vertedero de apoyo sin pasar en ningún momento por las bandas de clasificación. Una vez allí, las máquinas de palas la entierran masivamente. Pichardo afirma que la investigación de la denuncia que presentó Domínguez está paralizada porque el juzgado "carece de recursos".

El Juzgado de Huelva condenó hace ahora un año a tres meses de prisión y a pagar una multa de 1.200 euros al que fuera director de Reciclados del Tinto y el Odiel -empresa concesionaria de la planta de Villarrasa- por un delito contra los recursos naturales al considerarlo responsable de derrames al río Tinto, y como responsable civil subsidiario a la Diputación a ejecutar un plan de restauración en el arroyo próximo al vertedero.

El juez consideró probado que en las instalaciones se encontraba una balsa de recogida de los lixiviados, de construcción e impermeabilización irregular, lo que provocó, en época de excesivas lluvias, la filtración puntual de los mencionados lixiviados que vertían hacía el cauce de la cañada La Morita.

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