El dinero está, las condiciones de devolución también y la deuda con  más de 2.500 trabajadores municipales y la Seguridad Social está acreditada. Sólo queda que los Ayuntamientos afectados por impagos a sus empleados soliciten el préstamo. La iniciativa impulsada por el PP para paliar los impagos a los trabajadores municipales, después secundada por IU y respaldada finalmente por el PSOE, se cerró ayer con acuerdo unánime.

La comisión creada el pasado mes de octubre por los representantes de los tres grupos políticos  presentes en la Diputación (PSOE, PP e IULV-CA) para buscar una salida a los impagos continuados de sueldos en los Ayuntamientos, acordó ofrecer a través del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva (SGTH), un anticipo extraordinario de 7,04 millones. La mayor parte de esa cantidad (4.988.264 euros) se destinará al abono de nóminas atrasadas, mientras que el resto (2.059.521 euros) será para saldar la deuda con la Seguridad Social. Las cantidades son las que han presentado los Ayuntamientos; es decir, que puede haber más deuda o más Consistorios afectados, pero sólo once (Alosno, Aljaraque, Cañaveral de León, Cortegana, Encinsola, Higuera de La Sierra, Isla Cristina, Nerva, Santa Olalla del cala, Tharsis y Valverde del camino) han solicitado esta ayuda para poner a cero el contador de nóminas atrasadas (en algunos casos de hasta siete meses).

La comisión provincial decidió ayer dar luz verde a esta medida que supondrá un alivio para más de 2.500 familias de la provincia. Pero puso una condición: el dinero "no podrá emplearse en pagar despidos ni expedientes de regulación", según destacó el portavoz socialista, José Martín. Para ello, se exigirá que los pagos estén justificados y se estará "vigilante" para que nadie desvíe las cantidades que se presten. Se baraja incluso que sea la Diputación la que abone esas cantidades adeudadas, si bien todo quedará perfilado en la reunión del consejo del SGTH, que está prevista para principios de la semana que viene.

Los tres representantes dejaron ayer claro que se trata de un préstamo para "paliar la situación de las familias afectadas por estos retrasos", que los ayuntamientos tendrán que devolver con un interés del tres por ciento (el resto, hasta el seis, lo subvenciona el ente provincial), en un plazo que culmina en junio de 2015, coincidiendo con el fin de la legislatura. El viceportavoz del PP en la Diputación, José Domingo Doblado, comparó la medida pactada como "una transfusión de sangre al enfermo (refiriéndose a los ayuntamientos), pero -puntualizó- éste tiene que tener la voluntad de recuperarse" y no estar dentro de ocho meses "con la misma situación de impagos, que en la actualidad". Por su parte, el portavoz del IU, Rafael Sánchez Rufo, destacó que " hay que establecer un control para ver en qué se utiliza el dinero".