Los regadíos comenzaron su auge en las marismas del Guadalquivir en los años 60 cuando la dictadura franquista apuesta por la colonización de todo el área que hoy conforma el Espacio Natural de Doñana (END), entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Parte del proyecto original contemplaba la transformación del territorio a base de plantaciones de eucaliptos e incluso enormes masas de matorrales destinadas a la producción de un material similar al caucho para no depender (autarquía) de las importaciones del extranjero.

La intervención de personalidades europeas como Luc Hoffman y el profesor José Antonio Valverde, así como el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF) consiguen que Franco declare parte de la zona Parque Nacional de Doñana, lo que evita el cambio completo del territorio y su rápida desecación.

Al calor de las figuras agrícolas del desarrollismo franquista proliferan poblados de colonos como Cabezudos, Bodegones, La Mediana o Mimbrales que llegan a tener incluso más vida que núcleos rurales como Almonte. La gente de los pueblos acudía a ver la televisión a esos cortijos que proporcionaban trabajo, comida y, en el mejor de los casos, un salario. Algunos, como el de Los Mimbrales, llegaron a tener más de un centenar de habitantes.

El siguiente paso fue el diseño del Plan Almonte-Marismas, una especie de Plan Badajoz bis que pretendía 30.000 hectáreas y que al final se quedó con 5.000, además de haberse convertido en un generador de contenciosos que aun enfrenta a la Junta de Andalucía con los antiguos colonos.

A raíz del diseño del planeamiento agrícola se comienzan a registrar las aguas, incluidas las subterráneas, y el entonces Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) perfora y dispone cientos de pozos y sondeos de abastecimiento en todo el área que se pretendía transformar.

Comienza una selección de personas (colonos) a las que, muchas de ellas sin formación, se les entregan hasta 50 hectáreas de terrenos para explotar y se le facilita financiación. Algunos inician sus negocios y otros no llegan a ponerlos en marcha, quedando muchos pozos sin uso. Naturalmente la media productiva de las explotaciones se quedaba muy por debajo de los objetivos propuestos.

La titularidad no se conseguía hasta que transcurrían cuatro años de explotación agrícola continuada.

En aquellos años no existía demanda para hacerse con estas tierras, entre otras cosas porque faltaba organización comercial para rentabilizarlas.

En los 90 las cosas comenzaron a cambiar con la llegada de las subvenciones. Hasta llegar a hoy, donde muy pocos de los originales colonos han conservado las fincas. En muchos casos se vendían en cuanto se obtenía la titularidad efectiva del terreno.

En los últimos 15 años se ha producido un verdadero boom agrícola, lo que ha multiplicado las extracciones de agua y la ocupación de nuevos terrenos para la agricultura, que han llegado al borde mismo de los arroyos y de las zonas húmedas como Las Madres, en Palos.

La ampliación de algunos de los regadíos sin consolidarlos legalmente está provocando ya conflictos entre agricultores legales y los no consolidados al observar los primeros que ese comportamiento tiene premio en forma de agua barata.

Los ayuntamientos y la Junta de Andalucía no han logrado frenar ni la ocupación de tierras ni las captaciones ilegales en las últimas dos décadas. Y eso que ha habido cientos de reuniones, informes y redacción de normativas como el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), entre otros.

De alguna manera se ha podido producir un cierto 'pelotazo', no inmobiliario, sino agrícola. Los terrenos rústicos y de secano se convertían en zonas regables a través de la apertura de un pozo junto a la explotación. La finca multiplicaba así su valor.

La elaboración del POTAD y las demoras que acumuló al principio de la década de 2000 acrecentaron el problema y en 19 meses de retrasos se produjeron la mayor parte de las irregularidades detectadas y denunciadas.

Con este panorama se llegó a 2010, año de la constatación de la escasez del recurso: el agua. Y de la intervención europea, exigiendo buenas prácticas agrícolas para comprar las producciones y ponerlas en los mercados con marchamos ecológicos.

Los expertos calculan que hay agua disponible para 9.000 hectáreas y existen más de 13.300 operativas. Y la cifra es una aproximación, no un cálculo oficial.

La llegada de la sequía y la inacción de las administraciones inquieta al sector agrícola, que nuevamente, tras años de silencio, está levantando la voz y reclamando el trasvase de agua del Chanza al Condado que dormita y se pasea por los cajones gubernamentales del PP y del PSOE desde hace nada menos que dos décadas.