Buena parte de los empleados de los ayuntamientos de la provincia -víctimas de una administración local asfixiada con una deuda bancaria de 823 euros por habitante- se enfrentan cada mes al impago de sus nóminas. Los consistorios, sobre todo por la fuerte reducción de ingresos (en gran medida de la vía urbanística) tienen verdaderas dificultades para afrontar los pagos a sus empleados, por lo que el grupo popular en la Diputación Provincial llevará el próximo miércoles al Pleno, por la vía de urgencia, una iniciativa que persigue "poner a cero el contador del pago de nóminas".

Similar al plan de pago a proveedores del Gobierno, esta iniciativa serviría para cubrir los "siete millones de euros" a los que, según los cálculos realizados por los populares, asciende ya el importe de las nóminas impagadas (incluyendo pagas extraordinarias y complementos).

Una cantidad que, según explica el portavoz del PP en el ente provincial, Guillermo García Longoria, sería "asumible", si bien el responsable indica que, en todo caso, serían los consistorios los encargados de valorar la deuda contraída con sus funcionarios y trabajadores.

Pero, ¿cómo funcionaría este plan que los populares propondrán en la próxima sesión plenaria? Según consta en la moción, a la que ha tenido acceso este periódico, este plan financiero de apoyo a los municipios de la provincia se enmarcaría en línea con el Acuerdo de Concertación Social que aprobó el pleno de la Diputación Provincial el pasado 2 de mayo.

La concertación, que a grandes rasgos es el nuevo modelo que a partir del próximo año regirá el funcionamiento de la Diputación, se servirá de una carta de servicios que permitirá a cada municipio demandar los servicios que necesita, de modo que serán los ayuntamientos los que decidan las actuaciones que la Diputación acometerá en sus términos. En este nuevo modelo, según explica García Longoria, se establecen procedimientos para la solicitud de ayudas económicas directas por parte de los municipios de la provincia de Huelva, extremo en el que sustenta la iniciativa que presentarán los populares.

Los ayuntamientos tendrían que presentar, junto con la solicitud, una memoria descriptiva y de valoración de las nóminas que afectan a los servicios básicos municipales, que se encuentren reconocidas y no pagadas.

Para valorar el importe total de las solicitudes, la Diputación Provincial, según propone el PP, crearía una comisión técnica que también se encargaría de negociar -si procede y es necesario- con las entidades financieras operaciones a largo plazo, con la garantía de aval de los padrones de tributos locales de dichos ayuntamiento en el Servicio de Gestión Tributaria (SGTH).

La otra fórmula, según propone el PP es que la Diputación, a través del SGTH, proporcione a los ayuntamientos que voluntariamente lo hayan solicitado las condiciones para que reciban los fondos solicitados para este fin, y aprobados, con las garantías de sus padrones, a devolver en un periodo de entre 10 y 15 años, a través de los impuestos y tributos cedidos al SGTH".

García de Longoria explica que, no obstante, dentro de esa propuesta "se abre el abanico para que la comisión técnica diga cuál es el procedimiento mejor para hacerlo". Esta comisión buscaría, por ejemplo, negociar un tipo de interés que mejore el 5% del plan de pago a proveedores y, entre otros muchos cometidos, podrá realizar recomendaciones a los ayuntamientos solicitantes de esta ayuda en materia de contratación para los años en los que dure la financiación.

García Longoria valoró que para el PP es "imprescindible" que los trabajadores de los ayuntamientos puedan cobrar sus nóminas atrasadas, lo que "sería posible con este plan". "Creemos que es hora de que la Diputación Provincial de Huelva que se vuelque con los ayuntamientos de la provincia, en especial con los de los pequeños municipios, ante la situación financiera límite que padecen. Con esta medida lo que se conseguirá es que la Diputación preste apoyo a los ayuntamientos", señaló. A su juicio, los ayuntamientos de la provincia "no pueden esperar más", porque, en sus palabras, "algunos atraviesan una situación de verdadera emergencia".

Alrededor de un 30% de los empleados públicos de los consistorios onubenses sufren retrasos en el cobro de sus nóminas

El sindicato UGT hizo público el pasado mes de febrero un estudio que alertaba de que alrededor de un 30% de los empleados públicos de los consistorios onubenses sufren retrasos en el cobro de sus nóminas. En total, unos 2.800 trabajadores, señaló la Federación de Servicios Públicos de UGT. CSI-F rebajaba esa cifra a menos de 2.000 tras detectar problemas de peso en una quincena de ayuntamientos de la provincia.

Este último sindicato calculó que sólo en 2011 el aumento de onubenses que no ingresaron sus nóminas a tiempo aumentó un 70%. La radiografía quedó bien reflejada en la evolución de los sueldos que se reclamó a través de los juzgados. Al respecto, desde UGT se calculó que el año concluyó con 1.697 reclamaciones, frente a las 868 que se presentaron en el Juzgado de lo Social de Huelva en 2007, lo que demuestra el fuerte incremento de casos: un 96% más.

Para CSI-F, el principal motivo que ha llevado a esta situación en la provincia es la escasez de fuentes de financiación para los principales deudores, que son los ayuntamientos, que han provocado la quiebra en muchas empresas privadas, por lo que desde el sindicato se reclama que las administraciones autonómica y central inyecten capital a los consistorios porque la crisis ha acabado con la principal fuente de financiación: las transacciones inmobiliarias.

El secretario general de la FSP de UGT en Andalucía, Antonio Tirado, presentó a finales de 2011 al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, una radiografía del problema de las corporaciones locales andaluzas que refleja la "necesidad de financiación" para la gestión de los servicios públicos municipales.

En este estudio, el responsable contabilizaba hasta nueve ayuntamientos de la provincia de Huelva que acumulaban impagos en las nóminas de 2.130 empleados públicos. Eran los de Aljaraque, Lepe, Bollullos Par del Condado, Encinasola, Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Alosno, Cortegana e Higuera de la Sierra.

En el citado informe el sindicato contabilizaba un total de 10.153 trabajadores de 51 ayuntamientos andaluces y de sus empresas públicas que, según precisó, sufren el impago de sus salarios desde hace varios meses o bien el retraso en el abono de las nóminas de menos de un mes. También alertaba de que unas 760 personas habían sido despedidas de la administración local.