La constatación de la alarmante bajada del nivel freático del acuífero 27, que nutre el Parque Nacional de Doñana y los términos municipales de 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz, y la confirmación de que no se recupera ni recarga en las mejores épocas de lluvias ha provocado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir exija y aconseje la puesta en práctica de políticas de intensificación de vigilancia de explotaciones ilegales.

En un documento que lleva la rúbrica del jefe de servicio de Aguas Subterráneas, del departamento perteneciente ahora al Ministerio de Medio Ambiente, se pide abiertamente que se "desarrollen medidas que den lugar a la clausura de las captaciones de agua declaradas ilegales" y se sugiere la realización de actuaciones que permitan una gestión sostenible del acuífero. La advertencia llega de un órgano investido ya de poder sancionador por el Consejo de Ministros, tras decidir el 4 de mayo pasado que es la Administración Central la competente para ejercer la policía de aguas en la zona.

El Informe de la Piezometría de la masa de agua subterránea redactado con datos aportados por el Servicio Geológico de Obras Públicas, el Instituto para la Reforma Agraria (IARA), el Instituto Geológico y Minero (IGME) y la Confederación del Guadalquivir culpa de la alarmante situación del acuífero al exceso de extracciones de agua para regadío y abastecimiento, que se superan en ciertos lugares por encima de lo deseable.

La Confederación aporta los nombres de las zonas donde se cometen más desmanes que están agravando la situación de las reservas de agua de Doñana.

El informe elaborado por la CHG advierte que en algunos sectores del IARA "se riegan superficies por encima de los derechos de aguas privadas" que fueron reconocidos en su día, con la consecuencia de un descenso continuado de los niveles piezométricos.

Los datos entresacados por la Comisaría de Aguas del estudio de los 195 puntos de control existentes en el Espacio Natural de Doñana y su entorno apuntan a varias zonas como detonante de la situación de verdadera emergencia que vive la arteria principal de la Reserva de la Biosfera.

Entre ellas destaca Matalascañas, donde asegura que se produce una explotación de los recursos para el abastecimiento sin tener en cuenta las posibles afecciones.

Esta circunstancia ya fue advertida en un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2008 y confirmado en el Consejo de Participación de Doñana celebrado en abril de 2009. Pero desde entonces no se ha controlado la existencia de pozos ilegales, existen hasta 1.200, ni se han presentado alternativas de aportes de agua superficiales (trasvases) o desaladoras, como la propuesta en su día para Matalascañas y que fue considerada viable por su bajo coste.

Otra de las zonas a las que apunta el dedo acusador del informe de la Confederación son Los Hatos. En este extenso área fronteriza entre las provincias de Huelva y Sevilla donde están incluidos los grandes arrozales, el trabajo insiste en que "se riegan zonas que fueron excluidas en la resolución de los expedientes de aguas privadas, dando lugar a continuados descensos de los niveles piezométricos como en el Partido de la Resina".

Otra de las zonas que preocupa a la Comisaría de Aguas del Guadalquivir es la de Matalagrana, cerca del Arroyo de la Rocina. Allí, dice, se vienen regando desde hace años zonas sin ningún tipo de licencia.

Se da la circunstancia de que el IARA decidió en su día no transformar este sector, sin embargo, añade el informe, "desde hace bastantes años y creciente en el tiempo existe una superficie importante de regadío transformada por particulares sin haber obtenido derechos", precisamente en el lugar conocido como Matalagrana.

En algunos sondeos, como en el situado al norte del Rocío, "resultan significativos los movimientos oscilatorios del nivel, que indican extracciones nuevas próximas que afectan a valores dinámicos".

Y al sur de Vilamanrique (IARA 01-03-01) subraya el trabajo de la Confederación que la curva descendente del acuífero muestra que "a partir de 2004 se produce una profundización del nivel del agua subterránea, lo que delata un incremento de las extracciones a partir de esa fecha".