La Junta de Andalucía aún no ha solicitado ningún informe geotécnico sobre la seguridad de la mina de Riotinto que pretende reabrir Emed Tartessus, filial de la multinacional Emed Mining, según ha asegurado la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia anunció a finales del pasado mes de enero que había pedido informes en relación a las técnicas y modos de operación propuestos por la Emed al Instituto Geológico y Minero (dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad) y al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y Medio Ambiente.

El estudio que debía realizar el Instituto Geológico y Minero sí ha sido encargado y sigue adelante, pero en el del Cedex ni siquiera se ha formalizado su petición. Según la Subdelegación, la Junta de Andalucía sí se puso en contacto en su día con el Centro de Estudios y Experimentación (Cedex) pero al día de hoy no ha firmado aún el convenio para financiar el informe, con un coste que ronda los 20.000 euros.

La idea de la Junta era que la iniciativa minera de Emed contara también y de manera complementaria a los requerimientos de los técnicos pertenecientes a la Administración regional con la visión de los dos organismo estatales especializados en la materia e involucrar de ese modo al Gobierno de Mariano Rajoy en el Proyecto Río Tinto, tras las críticas recibida por el retraso y las trabas a la reapertura de la mina.

Los aspectos sobre los que tenían de incidir los informes eran, entre otros, el proyecto de aprovechamiento y el plan de restauración, además de la idoneidad de las soluciones planteadas en la documentación presentada para la reapertura de la mina, principalmente en referencia al método de explotación, gestión del ciclo del agua y gestión de residuos en relación a las balsas mineras. También sobre los métodos y cálculo y modelos numéricos empleados por el promotor para el desarrollo de su propuesta.

Según la Administración andaluza la solicitud de informe a estos dos centros se llevaba a cabo de forma paralela a las tareas que la Junta y Emed Tartessus vienen realizado para completar y precisar el proyecto minero que la compañía plantea en la comarca.

Hace unas semanas el subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, descartaba cualquier responsabilidad gubernativa en el retraso de los dos estudios, tras anunciar que el encargo de la Junta de Andalucía correspondientes a los informes del IGME y Cedex sobre la mina se realizó en febrero. El subdelegado aseguró que se trata de dos informes que "no son preceptivos ni vinculantes", lo que le valió la respuestas de la Administración regional.

Fue el delegado del Gobierno andaluz, Manuel Alfonso Jiménez, quien salió al paso de esa interpretación y aseguró que el informe del Instituto Geológico Minero figura como perceptivo tanto en la ley 22/1973 de Minas como en el artículo 138 del Reglamento General para el Régimen de la Minería que la desarrolla.

En concreto, citó el artículo 138.1, según el cual para instalar una establecimiento destinado a la preparación, concentración o beneficios de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente autorización de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción mediante instancia presentada en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía correspondiente. En cualquier caso, este requisito no fue exigido en la hoja de ruta que Innovación y Econmomía marcó a Emed Tratessus para desarrollar el proyecto minero. Esta exigencia apareció tras las elecciones municipales.

El secretario general de los socialistas onubenses, Mario Jiménez, exigía la pasada semana al Gobierno central que agilice los informes del Igme y Cedex y trabajar por la reapertura de la mina.