El subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, anunció el pasado lunes que el encargo de la Junta de Andalucía correspondiente a los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME) y al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Cedex, sobre la transmisión de derechos mineros a Emed se hizo el pasado mes de febrero. Según la versión dada por Pérez Viguera, se trataría de dos informes que "no son preceptivos ni vinculantes". El mandatario provincial, representante del Gobierno central en Huelva, descartó la responsabilidad gubernativa en los retrasos.

Pero ayer mismo, la delegación del Gobierno andaluz en Huelva, encabezada por Manuel Alfonso Jiménez, salió al paso de esa interpretación legal y aseguró que "el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) figura como preceptivo tanto en la Ley 22/1973 de Minas como en el artículo 138 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, que la desarrolla".

En concreto, la Junta de Andalucía cita y apunta el artículo 138.1, según el cual "para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la Ley de Minas, deberá obtenerse previamente autorización de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción mediante instancia presentada en la delegación provincial del Ministerio de Industria y Energía correspondiente. A la instancia se deberá acompañar un proyecto de instalación, un estudio económico y financiero y un programa de ejecución de dichas instalaciones. Si la ejecución se ha de efectuar por fases, se indicarán las fechas previstas para la terminación de cada una de ellas".

Y añade el referido artículo esgrimido por la Junta para desmentir al subdelegado gubernativo en Huelva que "recibida la documentación señalada en el punto 1 de este artículo, la Delegación Provincial elevará el expediente con su informe a la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción. Esta, previos los asesoramientos que estime oportunos y el preceptivo informe del Instituto Geológico y Minero de España en orden a conseguir procesos adecuados a la preparación, concentración o beneficio y a la protección del medio ambiente, dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se comunicará a la Delegación Provincial.

De todas formas, esta exigencia que ahora esgrime la Junta no fue exigida en la hoja de ruta que innovación y Economía marcaron a Emed Tartessus para desarrollar su proyecto minero. Esta exigencia apareció tras las pasadas elecciones municipales.