La reclamación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda del descuadre de los anticipos entregados a cuenta en 2009 a los ayuntamientos amenaza con dinamitar las maltrechas economías locales y poner en un brete la liquidez municipal, con el consiguiente riesgo en el pago de nóminas. Algunos alcaldes de distintas siglas políticas coinciden en solicitar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) su colaboración buscar una solución común.

El alcalde de Bollullos par del Condado y portavoz provincial de la coalición Espacio Plural Andaluz (ESPA), Francisco Díaz, ya ha anunciado que reclamará que estas obligaciones se puedan satisfacer en un periodo máximo de 10 años, sin intereses. La propuesta será elevada a la FAMP a efectos de ser una sola voz a la hora de demandar esta medida de carácter excepcional al Gobierno.

La deuda con el Estado se produce en virtud de la diferencia entre los adelantos a cuenta del citado ejercicio que se ha satisfecho a los ayuntamientos, en función de las previsiones de ingresos y la cuantía realmente recaudada, como se constata en el último informe de liquidación del Ministerio de Economía. Huelga decir que detrás de esta medida se encuentra el desplome de la recaudación del Estado en conceptos como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) u otros como del alcohol y sus derivados, hidrocarburos o tabaco.

Un saldo negativo que sólo en la provincia asciende a 14,85 millones de euros, cuya devolución amenaza con agudizar el agujero económico y las telarañas que cuelgan de las arcas municipales, más aún si tenemos en cuenta que gran parte de los municipios han dilapidado incluso los anticipos recibidos meses antes de las elecciones locales.

El alcalde de Bollullos es una de las voces más críticas contra el apremio que se cierne para afrontar una devolución que achaca a la "incompetencia del PSOE". Este añadió que "en vez de poner en la calle al secretario de Estado de Hacienda que realizó los cálculos de los ingresos, se opta por facturar sus errores a la administración más pobre y que, encima, le resuelve competencias y mitiga el drama del paro con contrataciones sociales".

Díaz mantiene que "si el Estado atraviesa una situación de bancarrota, no puede saldar sus responsabilidades o su falta de juicio para hacer números reclamando que la factura la sufraguen los ayuntamientos".

Su homónimo en Rociana del Condado, Amaro Huelva, se mostró más cauto y valoró que la prioridad ha de ser aplazar el pago atendiendo a criterios que no comporten una merma de liquidez económica para las arcas municipales. El edil socialista no quiso entrar a valorar la propuesta de su vecino bollullero, por lo que mantiene que lo primordial será actuar atendiendo "únicamente a los intereses locales, porque quizás a nosotros nos interese pagarlo en 3 años o, a lo mejor, en 8". Añadió que espera abordar esta propuesta junto con el interventor y concejal de Economía para, de forma conjunta, analizar y sopesar el mejor modo de afrontar estas obligaciones que, en su caso, ascienden a un total de 256.071 euros.

Juan Antonio García, alcalde de Bonares, ve positiva la propuesta bollullera siempre y cuando se encuentre consensuada y respaldada por la FAMP. Al respecto, mantiene que en la actual coyuntura es imprescindible adoptar medidas que permitan fraccionar el pago en pos de garantizar la liquidez de las corporaciones locales, si bien recuerda que esta medida no puede realizarse en menoscabo de la estabilidad presupuestaria del Estado español, si "como pretendemos, queremos cumplir con los objetivos de déficit público que se nos exige por parte de la UE".

García se mostró más crítico que sus compañeros, al entonar el mea culpa y aseguró que "ya se dejó entrever que las previsiones gubernamentales de ingresos serían inferiores a las previamente anticipadas".

Para el alcalde de Cartaya, el independiente Juan Miguel Polo, la deuda que reclama el Estado a los ayuntamientos cae como un "jarro de agua fría", ya que según explicó se trata de una deuda "imprevisible", que "desconocía" completamente al acceder a la Alcaldía tras las pasadas elecciones municipales del 22-M.

El primer edil cartayero asumió con resignación la obligación de devolver los 705.000 euros que corresponden a Cartaya por estos conceptos y destacó que "cuanto más tiempo nos den mejor" ya que la situación de las arcas municipales "no puede ser peor. Esta cantidad viene a incrementar un poco más los aproximadamente 30 millones de deuda contraídos actualmente por el Ayuntamiento y que saldrán a la luz tras los resultados de la auditoría en la que estamos trabajando y cuya ejecución se encuentra en la fase previa de salir a licitación pública". Tras dicha auditoría "obtendremos un plan que nos permitirá sanear las cuentas municipales dentro de dos o tres años".

El alcalde independiente cartayero también requirió la "necesidad urgente" de un pacto local de los ayuntamientos en esta materia "para poder gozar de mayores transferencias del estado que ayuden a la financiación de los consistorios. Si esto no fuese posible, habrá que pagar esta deuda". Polo también destacó que Cartaya "no es de los municipios que más deben".

Para el alcalde ayamontino, el socialista Antonio Rodríguez, cuyo municipio adeuda al estado 527.000 euros, pese a que "actualmente cualquier salida de dinero de las arcas municipales supone todo un contratiempo", se mostró confiado en que a través de las Federaciones Andaluza y Española de Municipios y Provincias (FAMP y FEMP) "logremos hacer repensar sobre la situación al Estado para que no nos grave más". Y es que para el alcalde de Ayamonte, los ingresos del Estado son "imprescindibles" para equilibrar financieramente la situación de los ayuntamientos.

El alcalde popular de Aljaraque, David Toscano, fue más duro y calificó el asunto como la "puntilla" para muchos ayuntamientos, lo que "demuestra que el PSOE ha dejado a los gobiernos locales en primera línea de fuego, pero sin armas".

En el caso de Aljaraque, según su alcalde, supone un "golpe definitivo que va a evitar los ingresos previstos para este año procedentes de la Agencia Tributaria", lo que "se suma a la grave crisis económica que padecen las arcas municipales, es decir, a los 23 millones de deuda y a la absoluta falta de liquidez del Ayuntamiento".

David Toscano afirmó que el PSOE "demuestra una vez más que le importa muy poco las entidades más cercanas al ciudadano como son los ayuntamientos. Más, teniendo en cuenta que los socialistas rechazaron todas las propuestas realizadas desde el PP para aumentar los ingresos que del estado reciben los consistorios". Toscano puntualizó que la noticia es un "desastre" para Aljaraque. Y reprochó al PSOE que "haya ocasionado esta situación a nivel nacional por su falta de apoyo hacia los ayuntamientos y del PSOE e IU a nivel local, que durante los últimos años dejaron completamente vacías las arcas municipales".