La Confederación Española de Policía (CEP) apuntó ayer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, como responsable de las supuestas irregularidades denunciadas en la penitenciaría de Huelva, donde atribuyó a la "falta de control" en las instalaciones que se hubieran producido cuatro casos de sobredosis de internos en menos de diez días.

"En ningún momento se quiere ir en contra de los funcionarios de prisiones, ni hacer menoscabo en la labor que desempeñan", afirmó la CEP en un comunicado, para añadir que "somos conscientes de la precariedad de los medios con los que trabajan y de las limitaciones legales a la que están sometidos". "Nuestra denuncia -remarcó- va contra la Administración y contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias".

La CEP quiso aclarar que denuncias como la formulada en el caso de la prisión, "nunca van personalizadas en los funcionarios, sino en la Administración y los políticos de la dirigen" ya que, agregó, los trabajadores "somos meras herramientas, a veces humilladas e infravaloradas de este estado de derecho". En cualquier caso, afirmó que "si alguien se ha sentido ofendido, no ha sido la intención del sindicato, que ha entendido que debemos realizar nuestras funciones de la manera más segura y eficiente para el conjunto de los ciudadanos".

La Confederación Española de Policía da marcha atrás para apuntar a Interior como único responsable de las supuestas anomalías detectadas en el centro penitenciario después de que el sindicato Acaip, con más de un 70 % de representatividad en el penal de Huelva, saliera en defensa de la profesionalidad y del cumplimiento de la legalidad por parte de los trabajadores del centro y expresara un "rotundo rechazo" a las acusaciones vertidas desde la organización policial.