Fumata blanca -o más bien negra- para Astilleros de Huelva. La Junta de Andalucía y los sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo a última hora de la tarde sobre el plan social para los 221 trabajadores que quedaban en plantilla. Un total de 147 serán prejubilados, 20 de ellos despedidos y otros 54 se integrarán en un nuevo Expediente de Regulación de Empleo, para después pasar a cursos de formación e intentar ser recolocados, con la vista puesta en el acuerdo de intenciones firmado por una empresa de fabricación de componentes eólicos para instalarse en el Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque. Con este convenio laboral, aún pendiente de ser aprobado hoy por la asamblea de trabajadores, se cierra el principal escollo para el desarrollo del concurso de acreedores que acabará con la liquidación de Astilleros. Eso sí, la Junta asevera que sigue negociando con empresas del sector naval para la instalación de alguna actividad de reparación, siempre a expensas de la sentencia judicial.

El acuerdo llegaba in extremis, con unos "flecos", en palabras de la Junta, que retrasaron más de una hora y media la comparecencia de los dos consejeros que se habían dado cita en Huelva para presentarlo a los medios de comunicación. Con los periodistas esperando la rueda de prensa, el documento teóricamente cerrado encallaba en el futuro de los 54 recolocables, que los sindicatos querían dejar amarrado por escrito. Pasada más de hora y media sobre el horario previsto, con cara sonriente, llegaban los representantes del comité a la sala acompañados del administrador único, José Luis Álvarez, después de garantizar unas condiciones concretas sobre el futuro de los no prejubilados.

El plan social pactado (un año después de que los trabajadores entrasen en Expediente de Regulación de Empleo) tiene tres patas. La primera de ella, la de las prejubilaciones, afecta a 147 trabajadores de la factoría naval, aquellos mayores de 52 años. Entre ellos habrá una diferenciación: para los empleados de Astilleros de Huelva se garantiza el 75% del sueldo bruto; para aquellos procedentes de las denominadas auxiliares, Instalaciones Industriales y Navales de Huelva y Nueva Lima (integrados por decisión judicial en Astilleros), la mensualidad será del 70% del sueldo. Se compromete una revalorización del 2% anual y la jubilación a los 65 años. En total, las prejubilaciones tendrán un coste de alrededor de 34 millones de euros, a financiar por la Gerencia del Sector Naval (que aporta 19 millones para prejubilaciones y despidos) y la Junta de Andalucía.

Para aquellos que no pueden prejubilarse y que "no son necesarios para la actividad que se va a desarrollar en Astilleros de cara al futuro", en palabras del consejero de Empleo, Manuel Recio, se establece un despido con la indemnización que determine el Juzgado de lo Mercantil, que tramita el concurso de acreedores de la empresa. Esta indemnización (y las de los recolocables) también será abonada por la Administración central y la autonómica.

Quedarían por tanto los 54 obreros recolocables, aquellos que sí podrían encontrar empleo en un plan de diversificación industrial en el que la Junta asegura estar trabajando. Para ellos se establece un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (en la actualidad los obreros llevan un año en ERTE) con una duración de seis meses, pasados los cuales entrarían en un proceso de formación durante un año. Una vez finalizado éste, la Junta de Andalucía deberá presentarles una oferta de empleo, que podrán aceptar o rechazar; en este caso tendrían derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado con dos anualidades de tope. En el caso de que la Administración autonómica no pueda presentarles oferta alguna, la indemnización será todavía más alta: 60 días por año tra bajado hasta un máximo de 42 mensualidades.

No obstante, según el consejero de Empleo, "ese no es el panorama". La Junta de Andalucía también presentó ayer el acuerdo de intenciones alcanzado con una empresa del sector eólico para su instalación en el Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque (PCTH). La empresa Electria tiene un proyecto para la fabricación de aerogeneradores y palas eólicas en una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Parque, con una inversión prevista de 30 millones de euros y el compromiso de presentar en tres meses el plan de negocio sobre el centro de trabajo. Según explicó ayer el consejero de Economía, Antonio Ávila, esta compañía implantaría su negocio en un máximo de 24 meses y presentaría un compromiso de mantenimiento de la actividad durante 10 años. Y, sobre todo, recolocaría a aquellos trabajadores de Astilleros que pudieran integrarse en la nueva actividad.

Eso sí, esta nueva industria llegaría con ayuda autonómica, "en el marco de los incentivos normales para cualquier empresa". Y otra advertencia: la instalación de la empresa se realizará, como es lógico, "si es técnica y económicamente viable".

Mientras tanto, la Administración autonómica trabaja en otras alternativas. Así, asegura que se están manteniendo conversaciones con industrias del sector naval a nivel nacional -hace meses se habló del Grupo Boluda- "para que puedan realizarse actividades vinculadas a la reparación de buques", explicó Ávila. Esa sería otra de las empresas en la que podrían reubicarse trabajadores de la factoría, toda vez que la fabricación de buques quedó cerrada en el momento en el que Astilleros de Huelva solicitó las ayudas por cese de construcción naval que concede el Ministerio de Industria (los 19 millones de euros). La Junta reitera que se mantendrá la actividad "técnica y económicamente viable", lo cual no incluye la finalización de los dos barcos pendientes, que reivindicaban los sindicatos para Huelva; según recordó Ávila, la empresa está intervenida judicialmente y los armadores han renunciado al pedido, por lo que no puede retomarse el trabajo. Punto y final por tanto sin posibilidad de prórroga a la construcción naval en Huelva.