Entre las necesidades defensivas de la monarquía española a lo largo del siglo XVI, ante peligro que supusieron los piratas y corsarios en el comercio con las indias, y los piratas turcos y berberiscos en el mediterráneo, se sumó el miedo ante un posible ataque desde el norte de África que hubiera podido contar con la ayuda de los moriscos del interior de la península, especialmente a mediados de la centuria por los cambios que se habían producido en el norte de África, la unión de un enemigo hasta entonces dividido. En la década de los ochenta, y a pesar de que los piratas berberiscos ya no contaran con la colaboración turca, no cejaron en sus destructivas incursiones. Parece, no obstante, que tanto a Carlos V como a Felipe II les preocupó durante un tiempo más el peligro que suponía la armada otomana, sobre todo por sus alianzas con los franceses, que los ataques corsarios, pese a lo que éstos interferían en el comercio y las comunicaciones. Aunque no fuera aceptada oficialmente a mediados del siglo la existencia de un peligro de invasión desde el Magreb, después de la rebelión de los moriscos de Granada (1568) se acrecentaron los temores a un posible ataque otomano o invasión de Berbería apoyado desde dentro, lo que junto al hecho de que las costas del sur y este peninsulares se vieran constantemente atacadas por piratas y corsarios, motivó numerosos informes e intervenciones en las fortificaciones del litoral para adaptar el territorio a esta realidad.

En este contexto se inserta el proyecto para fortificar la costa de las actuales provincias de Cádiz y Huelva, desde Gibraltar hasta la desembocadura del Guadiana, mediante la construcción de unas cuarenta torres de almenara de nueva planta, en lo que viene a ser el primer ejemplo de una intervención estatal en esta materia dotada de una cierta escala territorial. Unas torres que hoy cuentan con la atención de Cultura a través de la delegación en Huelva que ha elaborado varios informes sobre sus construcción de los que aquí tomamos nota.

Los ataques de los piratas turco-berberiscos en este ámbito se producían principalmente desde primavera a otoño, los cuales saqueaban los poblados existentes y se llevaban cautivos a sus habitantes, a los pescadores de bajura que faenaban por estas aguas o a las personas que transitaban por los caminos próximos al litoral. Así, la orilla suratlántica comprendida entre las desembocaduras del Guadalquivir y del Guadiana, marcada por un clima casi permanente de violencia e inestabilidad y dotada, por tanto, de verdaderos rasgos fronterizos, se caracterizaba por una baja densidad de población así como por una ausencia casi absoluta de estructuras defensivas, pues los castillos urbanos de Huelva, Cartaya, Palos de la Frontera, Moguer, Lepe o Ayamonte quedaban bastante retirados de la línea de costa.

El concepto de torre vigía se tomó de los musulmanes, aunque date de tiempos más antiguos, púnicos, romanos y luego bizantinos. El mismo sistema de defensa se implantó entre 1547 y 1557 en Sicilia y el mismo Felipe II también fortificó el reino de Nápoles.

El encargado de la elaboración y seguimiento de este plan de fortificación del litoral andaluz fue Luis Bravo de Lagunas, comendador de la Orden de Alcántara y comisionado por el rey para tal efecto, quien entre marzo y agosto de 1577 recorrió la costa onubense realizando gestiones encaminadas a la materialización del plan previsto.

La misión de estas torres era principalmente de vigilancia, de tal forma que se avisara rápidamente del ataque a través de señales mediante fuegos encendidos sobre sus cubiertas por la noche o de humaredas por el día, para que pudieran intervenir las gentes de armas de las fortalezas y las ciudades cercanas. Aunque fueron dotadas de artillería, de poco hubo de servir esta medida, excepto en la entrada de los ríos y en las proximidades de lugares habitados, pues situadas las torres a más que considerable distancia unas de otras, dejaban mucho terreno sin batir. La lógica de emplazamiento de dichas torres se estableció en base a la voluntad de defender algún recurso especialmente aprovechable por el enemigo, como el agua, o la defensa de los puntos estratégicos del territorio, como la desembocadura de los ríos (Guadiana, Piedras, Ría del Tinto/Odiel y Guadalquivir), zonas pobladas (pueblo de San Miguel Arca de Buey) o alguna estancia de pescadores.

A través de análisis cartográfico se evidencia cómo en la playa de Arenas Gordas, donde no existía ninguno de estos condicionantes, el paso escogido para localizar las torres es de 8 km. Evidentemente esta era la distancia que más eficazmente podían batir visualmente las torres, aunque la visual máxima de la línea de horizonte visible sea mucho mayor.

Una tercera función, más claramente defensiva, parece esbozarse en el proyecto de Bravo de Lagunas cuando diferencia dos tipos de torres: las 'ordinarias' y las 'muy buenas' que, además de una fábrica mejor y más grande, estaban dotadas de artillería (Isla Canela, Arenilla, Río del Oro y Punta de la Morla, aunque esta última nunca llegó a construirse) y que controlaban los sitios claves del territorio. Esta medida de poco hubo de servir, ya que dichas torres dejaban mucho terreno sin batir entre si, imposibilitando la eficacia real de la artillería.

El problema surgió en la construcción a la hora de fijar quién tenía que pagar las torres. Lo mismo que en la actualidad surgen conflictos de competencias, en aquel momento aparece entre las autoridades concejiles y de las señoriales de la zona, para ver quién se hacía cargo de ellas. Así la cosa tuvo que intervenir el Consejo de Guerra que determina "se declararon por interesados en la fábrica de las dichas torres los señores en cuyas jurisdicciones están fabricadas y designadas juntamente con todas las ciudades, villas y lugares que están comprendidas dentro de las treinta leguas de las dichas torres más o menos". Con todo esto las obras sufrieron grandes demora y no comenzaron hasta 1586 y no fueron terminadas hasta 1638.